Desde 2018, el edificio presenta graves daños estructurales que han empeorado con el paso del tiempo, obligando a los usuarios a acceder por vías alternativas y poniendo en riesgo la seguridad de pacientes y personal.

Se trata de una actuación de titularidad pública y que está financiada con fondos europeos. Actualmente, está a la espera de la Declaración de Impacto Ambiental.