La Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales y los Colegios de Farmacéuticos de las dos provincias extremeñas han acordado una serie de actuaciones que fomenten la garantía de la ciudadanía a la atención farmacéutica, sobre todo, a las personas más vulnerables.

Así, en base a la legislación vigente en materia de Farmacia y al convenio suscrito por la Junta de Extremadura y los Colegios Farmacéuticas de Badajoz y Cáceres, se pondrá en marcha una oferta a los alcaldes de la Comunidad para que las oficinas de farmacia acreditadas dispensen los medicamentos adaptados a las dosis y a las necesidades de los pacientes, de tal manera que se puedan identificar las farmacias de proximidad.

Esta colaboración se concretará en advertir a los proveedores de ayuda a domicilio que la atención farmacéutica, para que sea efectiva, debe proporcionarse por la farmacia más cercana a la persona que está siendo atendida y se actuará con todas las herramientas contra los mediadores que alteren la prestación de la atención farmacéutica profesional.

El modelo español de farmacia se basa en el derecho a la atención farmacéutica en el acto de dispensación del medicamento. El acto de dispensación y entrega del medicamento está acompañado por una serie de servicios farmacéuticos que previenen problemas relacionados con los medicamentos, así como información complementaria que necesite el paciente para la mejor adherencia a los tratamientos y que estos sean más efectivos.

En España la autorización de las oficinas de farmacia está regulada lo que permite un acceso equitativo de la población a la atención farmacéutica, porque su labor no acaba en el acto de dispensación, sino que, sobre todo en las personas que padecen varias enfermedades crónicas, reciben servicios de atención farmacéutica que los acompañan a lo largo de su vida.

Debido al envejecimiento de la población extremeña, el número de personas con enfermedades crónicas va en aumento y también el de las personas que, debido a una situación de dependencia, no pueden acudir a las oficinas de farmacia. Esta limitación es aún mayor para una persona institucionalizada en una residencia de personas de edad o de personas con discapacidad.

TRABAJO DE INSPECCIÓN

Desde la inspección de servicios sanitarios se está trabajando en la evaluación de la atención farmacéutica a las personas más vulnerables, con el objetivo de conocer si se está o no respetando la libre elección de oficina de farmacia, si se están produciendo obstáculos en la prestación del derecho a la atención farmacéutica y si se está haciendo un uso adecuado de los recursos sanitarios. De forma especial, este programa de inspección profundizará en las residencias de personas de edad de menos de cien camas.

Así mismo, la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales está trabajando en una norma que regule de forma clara la prestación de la atención farmacéutica en los centros residenciales de menos de cien camas para asegurar las ventajas de la proximidad de las oficinas de farmacia y que estas sean las responsables de dispensar los medicamentos, asegurando así la atención farmacéutica.