La Junta licita las obras de rehabilitación energética de varias viviendas de promoción pública

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La Junta licita las obras de rehabilitación energética de varias viviendas de promoción pública

La Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda ha sacado a licitación por 351.000 euros las obras de rehabilitación energética en viviendas de promoción pública en Zalamea de la Serena, Torremejía y Villafranca de los Barros en la provincia de Badajoz, y en Aldeacentenera, Villa del Rey y Santiago de Alcántara, en la provincia de Cáceres.

El objetivo es combatir la pobreza energética en estas viviendas sociales, mejorar la calidad de vida y el confort de las personas residentes y aumentar la calidad del parque público de viviendas.

Asimismo, esta actuación está en consonancia con los compromisos de sostenibilidad y de reducción de la huella de carbono en el sector de la construcción y con una apuesta por la descarbonización del parque edificado extremeño para favorecer la reducción del consumo de energía final y de las emisiones de dióxido de carbono, a través del aumento de la eficiencia energética que va ligado a un ahorro energético.

Las obras consistirán en la mejora de las condiciones de habilitabilidad y eficiencia energética en 12 viviendas de promoción pública, 3 en Zalamea de la Serena, 5 en Torremejía y Villafranca de los Barros, una en Aldeacentenera y 3 en Villa del Rey y Santiago de Alcántara.

Las acciones de mejora de eficiencia energética irán encaminadas a reducir la emisión de gases de efecto invernadero, perseguir un mayor ahorro energético y en el consumo final de energía, y promover cambios en los patrones de consumo y producción.

Esta mejora de la eficiencia energética del parque público se suma a las acciones destinadas a impulsar la rehabilitación energética en viviendas privadas para las que hay convocados tres programas de ayudas por un importe de 11.1 millones. Estas ayudas se pueden solicitar hasta el 31 de agosto de 2023 y financian hasta el 100 por cien del coste de la actuación cuando se identifiquen situaciones de vulnerabilidad económica en alguna de las personas propietarias o usufructuarias de las viviendas incluidas en el edificio objeto de la rehabilitación.

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