El Partido Popular de Cáceres presentará mociones en todos los ayuntamientos de la provincial instando al Gobierno de España a no llevar a cabo modificación alguna el Código Penal que suponga rebajar el delito de sedición y a retirar por tanto de manera inmediata la iniciativa parlamentaria presentada.

En este sentido, el portavoz del PP en la provincial de Cáceres, Luis Miguel Núñez, pide que se cumpla, ataque y respete la Constitución Española, aprobada de forma mayoritaria por los españoles, en la que no tiene cabida la sedición ni los referéndums ilegales, y, sobre todo, exige ratificar el artículo 2 de la misma: “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”.

Recuerdan los populares que recientemente, y en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, el gobierno de España ha vuelto a hacer pública su intención reformar del delito de sedición, tipificado en el artículo 544 del Código Penal y que castiga a quienes, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alzan pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes. Dicha reforma fue adelantada por el ejecutivo en enero de 2020, tres meses después de la condena impuesta por el Tribunal Supremo a los líderes del procés, en aplicación de dicho artículo.

El 10 de noviembre de 2022, el presidente del Gobierno confirmó que presentará una iniciativa legislativa para derogar el delito de sedición y sustituirlo por otro de “desordenes públicos agravados”. “Las leyes de España no pueden redactarse en la sede de ERC ni por la conveniencia política de Pedro Sánchez. Ni la Constitución ni el Estado de Derecho pueden rendirse a las necesidades de ningún dirigente político y menos a las de aquellos que se levantaron contra nuestra Nación. En ningún país europeo se reformaría el delito de sedición por parte de los sediciosos”, recuerdan.

Con este anuncio, “el gobierno de España retoma un peligroso precedente: el de ceder de manera constante y permanente a las pretensiones más radicales de sus socios parlamentarios, aunque con ello no solo socaven los principios y fundamentos del Estado de Derecho, sino que pongan claramente en cuestión la independencia del poder judicial al volver a corregir las sentencias del Tribunal Supremo y en la politización de la justicia al admitir que sean los políticos condenados por sedición quienes modifican las penas de los delitos que han cometido”, sentencia Núñez.

De llevarse a cabo esta reforma, el gobierno de España “estaría participando activamente en el descrédito y el menoscabo de dos instituciones fundamentales del Estado, como son las Cortes Generales y los tribunales de Justicia, beneficiando política y judicialmente a quienes en su día trataron de atentar contra la integridad territorial y el orden constitucional de España”, sentencian.

En esta línea, las Comunidades Autónomas deben pronunciarse públicamente si apoyan reducir las penas establecidas en el delito de sedición, o si bien, rechazan esta modificación. Se considera esencial que desde las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos exista un pronunciamiento explícito manifestando el rechazo a cualquier acción que suponga debilitar al Estado. Desde estas instituciones que forman parte del Estado se debe llevar a cabo una defensa a ultranza del principio de que todos somos iguales ante la Ley.

“Ni Pedro Sánchez es digno de la tradición democrática del PSOE ni el PSOE puede callar ante este episodio sin ser cómplice expreso de esta barbaridad política”, señala el portavoz provincial. El silencio de sus dirigentes y barones es una traición a los valores que un día decidieron representar y a los electores que votaron por ellos.
No deja de ser sorprendente que, al mismo tiempo que el ejecutivo se muestra favorable a derogar el delito de sedición, parezca haber olvidado otras propuestas como la anunciada en 2019 para prohibir por ley la celebración de referéndums ilegales.

Es necesario resaltar que, según los últimos datos demoscópicos conocidos, menos de un 20% de la población española respalda al ejecutivo en su decisión de rebajar las penas por el delito de sedición. Incluso un 49% de quienes declaran haber respaldado en las urnas al actual partido en el gobierno se muestran contrarios a dicha reforma.

España es una democracia estable y consolidada, pero no por ello menos necesitada de instituciones fuertes, que cuenten no solo con el respaldo de la ley sino también del aprecio y la confianza de los ciudadanos. Por eso vemos con preocupación la inercia del actual Gobierno a transigir con las reclamaciones de sus socios parlamentarios, sean estas para cesar a la secretaria de Estado-Directora del Centro Nacional de Inteligencia, o para no recurrir ante el Tribunal Constitucional una ley autonómica de enseñanza hecha a medida para no cumplir con una sentencia judicial. El anuncio de la reforma del delito de sedición es solo una más de las concesiones, pero dada la aritmética parlamentaria, no parece que vaya a ser la última.

“Habrá entendimiento entre las dos grandes fuerzas políticas de España. Pero será con este PP y con otro PSOE. Uno en el que no esté un Pedro Sánchez que ha humillado a una Nación que merece un Gobierno más digno del que hoy carece, y un nuevo proyecto que garantice mayor calidad democrática. Los intereses generales de la Nación y de los españoles deben prevalecer siempre, incluso por encima de los intereses particulares del gobierno o de quien ostente su presidencia”, concluye.

Además, la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha mostrado este viernes su "rabia" por el anuncio del Gobierno de eliminar el delito de sedición y sustuírlo por otro que conlleva menores penas, que ha tachado de "auténtica vergüenza".