La Junta de Extremadura pedirá al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes que derogue la normativa que marca la obligatoriedad de la cotización a la Seguridad Social de los alumnos mientras realizan prácticas formativas en empresas.

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera, trasladará esta petición en la Conferencia Sectorial de Educación, que se celebrará este miércoles en Madrid de manera presencial. Hay que destacar que esta iniciativa está respaldada, al menos, por doce comunidades autónomas que, junto a la extremeña, y tras reiteradas peticiones durante el último mes, han logrado que esta conferencia sectorial se celebre presencialmente y no de forma telemática, como había propuesto el Ministerio que dirige Pilar Alegría.

El motivo por el que los consejeros de Educación han insistido en mantener esta reunión presencial es la trascendencia de los temas que se van a abordar, como es la normativa que está previsto que entre en vigor el 1 de enero de 2024, por la que se hace necesaria la cotización de la formación práctica de los alumnos en empresas.

Esta medida afectaría sobre todo a los alumnos de Formación Profesional, dado que es el grupo más numeroso de los alumnos que realizan prácticas en empresas. En Extremadura, este curso académico 2023-2024 hay 22.694 alumnos, tanto en la modalidad presencial como a distancia. La petición que va a secundar Extremadura es la de retirar la disposición adicional número 52 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, sobre inclusión en el sistema de la Seguridad Social de alumnos que realicen prácticas formativas o prácticas académicas externas incluidas en programas de formación.

Está previsto que esta disposición entre en vigor desde el próximo 1 de enero de 2024, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 del Real Decreto-Ley 5/2023, de 28 de junio. Extremadura defenderá que esta medida que se quiere implementar, parte de la concepción errónea de considerar al alumnado como trabajadores y no está acompañada de memoria económica ni de tablas de costes de referencia.

Tampoco cuenta con el soporte técnico necesario para la gestión ni el acompañamiento en la gestión de altas y bajas. En definitiva, forma parte de un conjunto de medidas no educativas que tiene que asumir la Administración educativa, que no cuenta con los recursos necesarios ni el personal especializado; o bien las empresas, que no tienen obligación de colaborar y, por tanto, decidir no participar en el proceso, perjudicando el sistema dual a corto plazo.

Para la consejera María Mercedes Vaquera, son medidas que pueden disuadir a las empresas a la hora de recibir a alumnos para realizar las prácticas en sus negocios. Además, considera que se trata de medidas que se han tomado "de forma urgente, sin consenso y sin consultar a los profesionales de la educación y comunidad educativa".

En el orden del día de la Conferencia Sectorial de Educación también se incluyen otros asuntos, como el acuerdo sobre los criterios de distribución y el reparto de crédito resultante de 2023 de los programas de cooperación territorial o la ampliación del plazo de ejecución del programa de cooperación territorial para la mejora de la competencia digital educativa. Por último, se estudiará la distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados por comunidades autónomas y destinados al redimensionamiento de la oferta de la Formación Profesional del Plan de Modernización de la FP en 2023.