El alcalde de Moraleja, Julio Cesar Herrero, ha formulado una queja ante el Defensor del Pueblo en la que denuncia "la situación de agravio" sufrida por el municipio tras la decisión política de la Junta de Extremadura de constriuir en Torrejoncillo el Centro de Convalecencia y Cuidados Continuados de ámbito comarcal correspondiente a la zona sociosanitaria de Coria.

Como informó Radio Interior de Extremadura, el 11 de septiembre de 2021 se firmó el convenio de colaboración entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la comunidad autónoma de Extremadura para la ejecución de varios proyectos con cargo a los fondos europeos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia (MRR), que tenia por objeto acordar los que se iban a ejecutar en la región.

La decisión de la Junta de Extremadura, entonces presidida por Guillermol Fernández Vara (PSOE), fue aprobar la construcción de Centros de Convalecencia y Cuidados Continuados para personas mayores de ámbito comarcal para la atención integral de personas mayores y dependientes.

De este modo se elaboró un informe sobre criterios de adjudicación suscrito por el anterior director gerente del SEPAD en el que se valoraban, por un lado, aspectos como la tasa de despoblación, la generación de empleo o el nivel de envejecimiento de la población, y por otro lado, una serie de condiciones para aquellas poblaciones que optasen como candidatas a la construcción. Una condición indispensable es que las localidades que optasen a acoger estos centros aportasen los terrenos de forma gratuita a la Junta de Extremadura en una parcela de 10.000 metros cuadrados con una superficie mínima construida permitida sobre el solar de 5.355,50 metros.

Una vez fijados los criterios iniciales, en la zona sociosanitaria de Coria, se seleccionan tres municipios: Pescueza, Torrejoncillo y Moraleja y tras varios meses de intento de subsanaciones, en octubre de 2023, ya con el Partido Popular instalado en la Junta de Extremadura, se descartó el primer municipio, Pescueza (PSOE), con el argumento de que incumplía las características de los terrenos.

De este modo, el municipio de Torrejoncillo (PP) pasó a ser el candidato mejor valorado para albergar el Centro de Convalecencia y Cuidados Continuados, y se le comunicó la necesidad de comenzar el proyecto antes de finalizar el año 2023 debido al riesgo de pérdida de los fondos que lo financiaban.

El Ayuntamiento de Moraleja denuncia que una vez iniciado el procedimiento de cambio de ubicación de Pescueza a Torrejoncillo, la actual Consejería de Salud y Servicios Sociales modificó un anexo en el que se detallaban los parámetros y criterios para la adjudicación del municipio donde construir el centro. De este modo, la superficie de la parcela a ceder por los ayuntamientos, que inicialmente debía ser de 10.000 metros cuadrados, pasó a ser de 5.000 metros.

El alcalde de Moraleja sostiene que esta decisión supone "un agravio comparativo", no solo con Pescueza o Moraleja, sino con todas y cada una de las localidades que no pudieron optar a la construcción de uno de estos centros por no disponer de la superficie necesaria que estipulaban las bases inicialmente y que posteriormente se modificaron.

El alcalde ha solicitado en varias ocasiones un encuentro con la consejera del ramo para tratar este tema pero no ha obtenido respuesta, y ha puesto a disposición de la Junta de Extremadura y de su Consejería de Salud y Servicios Sociales, un informe urbanístico que garantiza la cesión de unos terrenos de más de 50.000 metros cuadrados y con uso dotacional sanitario-asistencial. A día de hoy, la Junta de Extremadura tampoco ha contestado a este escrito.

En su queja ante el Defensor del Pueblo, Herrero considera que los vecinos de Moraleja "están siendo víctimas de un atropello político partidista", y lamenta que hayan sido vulnerados sus derechos. Por ello piden al Defensor del Pueblo la salvaguarda de sus derechos constitucionales, la supervisión del cumplimiento de los deberes de la Administración pública, y la prestación de los servicios públicos de la Junta de Extremadura con carácter igualitario y universal.