Mientras sus señorías se ponían de acuerdo sobre la legalidad o no de las limitaciones a la movilidad ciudadana, el Tribunal Supremo denegó hace un mes y medio el cierre perimetral de Canarias, dejando claro que la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986 puede ofrecer cobertura a limitaciones puntuales de derechos de los ciudadanos, pero siempre que la Administración autonómica justifique razonablemente sus medidas.

Los vecinos de Torrejoncillo, Malpartida de Plasencia, Moraleja, Barcarrota, Valdelacalzada y Santa Amalia, que se encuentran recluidos en sus respectivos municipios desde esta semana, han conocido la noticia de que no habrá cierre perimetral de Plasencia porque no es una medida efectiva en ciudades de este tamaño, a pesar de que su incidencia acumulada de contagios a los 14 días supera los 500 casos por cada 100.000 habitantes. El 8 de julio su tasa de contagios se situaba en 573 casos, por encima de los índices establecidos para decretar un cierre perimetral. Claro que los confinados no desean el mal a sus convecinos de Plasencia, sino que han constatado una vez más que la Junta de Extremadura utiliza distintas varas de medir y, dependiendo de quien se trate, la presión que ejerza o las influencias que tenga, el resultado es uno u otro bien diferente.

Pero dejemos de lado el caso de Plasencia. Día 9 de abril de 2021: el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, advierte a los vecinos de Guareña, afectados por un cierre perimetral, que si continúa subiendo la incidencia acumulada de contagios de la Covid-19, el Consejo de Gobierno no tendrá más remedio que acordar la paralización de la actividad no esencial en la población. El alcalde y diputado provincial de la Diputación de Badajoz, Abel González, pone en marcha una estrategia conjuntamente con la Asociación del Comercio Local de Guareña, emiten un comunicado para mantener activos sus negocios manifestando que serán escrupulosos en el cumplimiento del protocolo Covid y hacen que la Junta de Extremadura reconsidere su postura cuando la mayoría de los vecinos daba por sentado, no sólo que se iba a prorrogar el cierre perimetral, sino que se aprobaría la clausura de toda actividad considerada como no esencial. En aquella fecha Guareña tenía una incidencia acumulada de contagios a los 14 días de 1.794 casos activos por 100.000 habitantes, había vecinos gravemente enfermos en la UCI -varios de ellos luego murieron- y la situación era mucho más delicada que la de ahora atraviesa cualquiera de los municipios confinados.

Hay una Extremadura a la que no se le perdona y hay otra a la que se le concede la segunda oportunidad. Si nos quedaba alguna duda de que hay ciudadanos de primera y de segunda, cada cierto tiempo el Ejecutivo nos obsequia con un plan hecho a medida que no hace sino confirmar que en el reino de los cielos se sientan los elegidos y en el infierno los condenados. Toda Extremadura es una región rural, pero hay una buena parte de ella que es más rural que la otra, y por mucho que se empeñen en convencernos de que el futuro está en los pueblos, cada vez se lo están poniendo más difícil a quienes han decidido apostar por el campo como lugar para vivir.

Ahora resulta que los ciudadanos de segunda deberán renunciar a sus vacaciones planificadas y pagadas hace meses para que los de primera se tomen una caña a su salud apoyados en la barra de un chiringuito de playa en Matalascañas o Punta del Moral. Y todo porque la Guardia Civil dispone de efectivos suficientes para controlar las entradas y salidas de los pequeños y medianos municipios confinados, pero no para las ciudades más grandes. Así las cosas, reaparecen los lazarillos de la España de la literatura picaresca y comienzan a urdir todo tipo de artimañas para burlar la vigilancia, se miran al espejo, se ven cara de idiotas y se preguntan si se quedan por el qué dirán o si huyen como un vulgar delincuente. Y unos se marchan, difunden sus fotos de la playa y el resto les critica sin misericordia por su falta de sensibilidad sin ni siquiera pensar que pudieron haberse ido antes de que les cerraran. Mientras, los otros se quedan y propagan sus lamentos en las redes sociales como único consuelo.

La más que dudosa legalidad de tanta improvisación mantiene entretenidos a los juristas, algunos de los cuales han recordado que las comunidades autónomas no pueden suplir la labor del Congreso de los Diputados, que, ante esta situación sanitaria, tenía que haber reformado una ley de 1986 para que se pudieran llevar a cabo los cierres perimetrales y otras medidas que coartan la libertad de los ciudadanos. ¿Nos vamos o nos quedamos? Sarandonga.