El Ayuntamiento de Mérida ha asegurado que  la resolución del contrato con la empresa Larry Smith para la  redacción del proyecto, la obra de remodelación y la explotación del Mercado de Calatrava obedece exclusivamente "al incumplimiento de las obligaciones contractuales" de la sociedad adjudicataria.

El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, ha manifestado que lo que tiene que hacer la empresa es “devolver el dinero a los empresarios que hicieron reserva de espacio en el mercado” al tiempo que les ha instado  a que “paguen las facturas que deben a todas las contratas que han trabajado en el mercado”.

Osuna ha recordado que “nos hemos reunido con las empresas que habían hecho reserva de espacios en el Mercado de Calatrava para mostrar el apoyo del ayuntamiento en esta situación”, al tiempo que ha recordado que el Ayuntamiento “no ha invertido ni un solo euro ni en la rehabilitación, ni en el proyecto del mismo”, tal y como ha informado el consistorio en nota de prensa.

Recuerda Osuna que, en todo este proceso, el equipo de Gobierno “ha sido absolutamente transparente, con éste y con todos los proyectos que se llevan a cabo en la ciudad, tanto con la Oposición como con la ciudadanía, trasladando en tiempo real todo los pasos que se han ido dando”. Además de haberse cumplido estrictamente con la legalidad en cuanto a plazos y comunicaciones con la empresa.

En este sentido, el alcalde ha manifestado que, antes de resolver el contrato “hemos agotado todas las vías de negociación y conversaciones con la empresa para que retomaran la obra, paralizada desde septiembre de 2019. Incluso la empresa nos trasladó que estaba viendo otras opciones para la viabilidad del proyecto, no llegando a presentarlas en ningún momento”.

“No se trata de una cuestión de voluntad política que Larry Smith continúe con el proyecto, se trata de cumplir con la legalidad de la Ley de Contratos y el Pliego de Condiciones de la concesión”, señala Osuna.

El pasado ocho de octubre, la Junta de Gobierno Local aprobó iniciar el expediente sancionador en el que se le imputaba al adjudicatario de loa concesión como presunto responsable de la comisión de una infracción en materia de incumplimiento de obligaciones contractuales consistente en la inobservancia de las obligaciones relativas al comienzo y ejecución en el plazo total o parcial de las obras.

Las obras se paralizaron el 7 de octubre de 2019, sin que en ese momento hubiera ningún tipo de dificultad económica, social o sanitaria y, en lo que respecta al Estado de Alarma, para la ejecución de obras, se han paralizado únicamente por un periodo de 15 días, por lo que no es justificable que las obras estén paralizadas desde octubre de 2019.