La Unión Extremadura ha convocado una concentración de protesta para el próximo 19 de abril a las puertas de la Delegación del Gobierno, en Badajoz, para exigir "la inmediata retirada" de las normas aprobadas por la reforma laboral en el sector agrario, de la que es "imposible darle cumplimiento".

Así lo ha anunciado su presidente, Luis Cortes, que ha indicado que la reforma es "inaplicable en el sector agrario, por la burocracia que crea, por la inseguridad jurídica a la hora de interpretar las normas aprobadas, por el encarecimiento de la mano de obra y por la prepotencia de las autoridades con sus ciudadanos".

Cortes ha asegurado que los pequeños empresarios agrarios no tienen capacidad administrativa para cumplirla y no van a gastar "más en gestorías que en salarios", ya que "ni las propias gestorías saben que tipo de contrato deben hacer ahora para dar de alta a los trabajadores".

Otro de los inconvenientes es, según Cortes, que no se tiene capacidad real de localizar a los trabajadores fijos discontinuos para comunicarles el inicio de campaña, ya que se les obliga a informarles "pero muchos son extranjeros de los que no se tiene ningún tipo de dato o es muy difícil hacerles llegar la notificación".

Ante esta falta de concreciones en la norma y ante "el silencio a las consultas a la inspección de trabajo", Cortes ha mostrado su sorpresa porque desde la administración se les amenace con sanciones de hasta 10.000 euros "si el inspector cree, a su criterio, que no se ha contratado conforme a la norma".

Desde la organización agraria, han asegurado que no está clara la diferencia entre contratar a uno con duración determinada o otro como fijo discontinuo, lo que conlleva que "por trabajar 20 días al año se le considere fijo y puedan llegar a perder la prestación de desempleo".

Cortes ha considerado que la reforma "esta mal planteada" ya que se aprobó en diciembre "y en solo tres meses se ha tenido que modificar", lo que puede provocar es que los agricultores "abandonen los cultivos" ya que al alto precio de los costes de producción, los agricultores puedan ser sancionados por una norma "que nadie entiende".