Justicia impulsa una experiencia piloto de comunicaciones electrónicas en los órganos judiciales de Extremadura
El Ministerio de Justicia ha iniciado una experiencia piloto en los órganos judiciales de Extremadura con el objetivo de agilizar y mejorar las comunicaciones electrónicas entre los diferentes órganos y el conjunto de Administraciones Públicas de esta comunidad autónoma.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha señalado que esta experiencia piloto está enmarcada en la "transformación digital" en la que está inmersa la Administración de Justicia y ha añadido que "lo más importante" es que va a ahorrar un gran volumen de papel, además de mejorar la tramitación de los procedimientos y eliminar la brecha territorial.
Este proyecto posibilita la interoperabilidad entre los órganos judiciales y mejora la comunicación electrónica con las administraciones autonómicas, provinciales y municipales.
Esta experiencia en Extremadura se ha realizado a través de las adaptaciones necesarias en el sistema LexNET y en el Sistema de Gestión Procesal, en colaboración con la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y está previsto que se pueda replicar próximamente el modelo al resto de comunidades autónomas que conforman el territorio Ministerio.
En 2023 se ha habilitado la funcionalidad para que las administraciones públicas puedan contestar electrónicamente a los requerimientos efectuados con la remisión de los datos y archivos adjuntos necesarios, de manera que la comunicación se integra en el procedimiento judicial como un escrito de trámite que, hoy en día, deben gestionar en soporte papel.
Desde el año 2021 está disponible la integración entre el Sistema de Gestión Procesal, el sistema de comunicaciones electrónicas LexNET y el Sistema de Interconexión de Registros, que permite el envío de oficios desde los órganos judiciales a las administraciones públicas. A día de hoy, se han realizado más de 492.000 intercambios de comunicaciones entre los órganos judiciales y las administraciones públicas.
Los órganos judiciales han realizado 229.109 actos de comunicación a las administraciones públicas y estas han remitido 263.177 expedientes administrativos a los órganos judiciales.