La Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura está incumpliendo la sentencia firme del Tribunal Supremo favorable a Radio Interior, S.L. al consentir que emita con total impunidad en el norte de la provincia de Cáceres una emisora pirata en el 93,6 de la frecuencia modulada que debería haber cesado sus emisiones hace años.

Radio Interior, S.L. ostenta la titularidad de 12 estaciones privadas de radiodifusión sonora en Extremadura después de un largo proceso judicial iniciado por esta cadena radiofónica contra el ejecutivo de Guillermo Fernández Vara que concluyó en el año 2018 y que obligó a la Junta de Extremadura a adjudicar al grupo extremeño emisoras en las ciudades de Badajoz, Mérida, Don Benito, Villanueva de la Serena, Villafranca de los Barros, Almendralejo, Zafra, Cáceres, Plasencia, Navalmoral de la Mata, Coria y Talayuela.

Desde que se dio a conocer la sentencia firme del Tribunal Supremo se ha solicitado en numerosas ocasiones el cese de las emisiones de la pirata propiedad de Canal Norte Extremadura, S.L. que emite sin licencia en el 93,6 de la FM, pero el secretario general de Administración Pública, Ignacio García Peredo, en un escrito del 11 de julio de 2019 llegó a justificar al infractor al indicar que Radio Interior, S.L. "ostenta la condición de ajudicatario provisional que no habilita ni da derecho a la prestación del servicio de comunicación audiovisual". El alto cargo del Ejecutivo extremeño se decantó de este modo a favor del mantenimiento de la pirata a pesar de que conocía la sentencia del Tribunal Supremo, que le había sido retirado el título habilitante y que era Radio Interior, S.L. la que se encontraba pagando la tasa de ocupación del dominio público radioeléctrico.

DEJACIÓN DE FUNCIONES

A pesar de las numerosas ocasiones en las que se ha solicitado el cese de las emisiones de la pirata, no fue hasta el 27 de enero de 2023 cuando el servicio de Comunicación Audiovisual formuló propuesta de expediente sancionador. La vicepresidencia primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura asegura que posteriormente se incoó expediente sancionador para comprobar los hechos, en cuyo caso se impondría una sanción de 200.000 euros al infractor.

La versión de la Junta es que se ordenó, como medida provisional, "el cese inmediato de las emisiones radiofónicas" en el 93,6 FM así como "el precinto provisional de los equipos e instalaciones utilizados" para llevar a cabo las emisiones.

Radio Interior, S.L. se pregunta qué entiende la Junta de Extremadura cuando habla del "cese inmediato de las emisiones radiofónicas", pues desde la adopción de estas medidas, el pasado mes de febrero, han transcurrido casi cuatro meses y la emisora pirata continúa emitiendo en la frecuencia, impidiendo que salga al aire la señal del titular de la licencia.

La cadena Radio Interior, S.L. ha informado que concederá un plazo de 15 días a la Junta de Extremadura para que cumpla lo acordado. En caso contrario se pondrá a disposición de la Fiscalía de Extremadura toda la documentación obrante en su poder por si hubieran incurrido en algún tipo de responsabilidad las personas encargadas de llevar a buen término lo indicado por el Tribunal Supremo.

Cabe recordar que la adjudicación de las 12 emisoras a Radio Interior se produjo después de un largo procedimiento judicial que tiene su origen en el año 2007, fecha en la que fue convocado un concurso público en el que la cadena extremeña solicitó emisoras en estas 12 ciudades sin obtener frecuencia en ninguna de ellas. Fue entonces cuando se decidió recurrir a la vía judicial, que se pronunció favorablemente en dos ocasiones a favor del grupo de comunicación extremeño.

La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, primero, y del Tribunal Supremo, después, fueron especialmente duros en sendas sentencias en las que llegaron a acusar al Ejecutivo de Fernández Vara de "dejación de funciones". Estas sentencias anularon la resolución de la Junta de Extremadura que dejaba sin emisoras a Radio Interior y obligaron a la Administración regional a realizar una nueva baremación de las ofertas presentadas “ajustada a Derecho”.