El Ayuntamiento de Coria ha aprobado este miércoles en pleno ordinario por mayoría una moción de urgencia contra la tramitación de una ley de amnistía. La moción fue propuesta por el PP y Vox.

El Grupo Socialista se abstuvo en la votación. Lo cierto es que este asunto nacional llegó al pleno de Coria. Los partidos catalanes Junts y ERC están presionando al PSOE a negociar ya la ley de amnistía para allanar la investidura de Pedro Sánchez.

Cabe recordar y así lo hizo saber el portavoz de los populares, Pablo Enciso Cavia que, en octubre de 1977 se aprobó en el Congreso la Ley de Amnistía que siguió el principio de reconciliación nacional que guió la transición, para responder a una demanda social y a la imprescindible impugnación del ordenamiento jurídico de la dictadura, poniendo punto final a la represión del régimen anterior.

Durante la tramitación de la Constitución de 1978 se presentaron dos enmiendas para que las Cortes pudieran tener la competencia de otorgar Amnistía, las cuales fueron rechazadas prohibiéndose por contra en el art. 62 los indultos generales, permitiendo tan sólo el de tipo individualizado.

En una democracia consolidada, como es la española de 2023, una amnistía, atenta contra algunos principios básicos del Estado de Derecho como son la exclusividad del poder judicial para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, la igualdad en la aplicación de la Ley y la seguridad jurídica. Ni el legislador ni el poder ejecutivo pueden arrogarse la facultad de declarar inmune a un grupo de personas, borrar sus delitos e incluso evitar que sean juzgados como cualquier otro ciudadano.

En 2017 se produjo un intento de insurrección contra el orden Constitucional desde los poderes públicos de Cataluña, frente a la cual reaccionó el Estado de Derecho aplicando el art. 155 de la Constitución y poniendo en marcha los instrumentos penales contra sus impulsores.

El Tribunal Supremo condenó a sus principales líderes a penas de entre 9 y 13 años por sedición y malversación. Algunos de sus principales responsables huyeron al extranjero para evitar la acción de la Justicia.

Enciso recordó, en su lectura de la moción, que el pasado 5 de septiembre Puigdemont condicionó la gobernabilidad de España a la aprobación de una Ley de Amnistía en favor de los encausados por el referéndum ilegal de 2017.

En 2021 se registró una iniciativa en favor de la Amnistía en el Congreso y los Letrados informaron contundente contra su tramitación, en tanto que Pedro Sánchez, Juan Carlos Campo, Fernando Grande Marlaska y Carmen Calvo, afirmaron expresamente la inconstitucionalidad de una posible amnistía.

Pese a ello el Gobierno en funciones se ha abierto recientemente a la posible tramitación una Proposición de Ley de Amnistía lo que, además de suponer una inconstitucionalidad flagrante, pretende utilizar un atajo para evitar los controles de legalidad del CGPJ, la Fiscalía y el Consejo de Estado.

Esto supone, marca la moción, deslegitimar el Estado de Derecho y blanquear la sedición que se llevó a cabo, algo inasumible para cualquier gobernante y que está causando una profunda conmoción social.

Por todo ello, el Grupo Popular y Vox en el Ayuntamiento de Coria presentaron ayer una propuesta de acuerdos para rechazar cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado, considerar que el imperio de la ley establecido en el preámbulo de la Constitución es la expresión de la voluntad popular y compromete a todos los poderes para su cumplimiento.

Con esta moción se anima a los dos partidos mayoritarios a buscar acuerdos de Estado que eviten que la sociedad española se vea sometida a las condiciones ilegales de partidos independentistas.

Con esta propuesta se expresa el rotundo rechazo y preocupación por la reunión mantenida en Bélgica entre miembros del gobierno y un prófugo de la justicia e insta a todos los partidos con representación en el Congreso a evitar cualquier interlocución con partidos que defienden la perpetración de actos delictivos.

Por último, Enciso finalizó su intervención dando traslado de estos acuerdos a Presidencia del Gobierno, al resto del Gobierno, a los portavoces parlamentarios en el Congreso y el Senado; así a la Junta de Gobierno de la FEMP.

Una moción que salió adelante con los votos a favor del Grupo Popular y Vox y la abstención del Grupo Socialista.