¿Amnistía para los delincuentes y condena para los jueves y policías?

¿Quién decide por 48 millones de españoles? ¿Un fugado de la justicia?

Asistimos atónitos al sainete nacional de la investidura. Por un lado, los que reclaman la legitimidad del número mayor de votos, el Partido Popular, que ha asumido algunas consignas de la izquierda y ha tenido reparos para pactar con la llamada ultra-derecha.

Por otro lado, los arribistas y oportunistas del PSOE que están dispuestos a asumir y a defender las exigencias de sus socios de ultra-izquierda y de los auxiliadores y beneficiarios nacionalistas y golpistas. Estos socios políticos intentan imponer una vuelta más de tuerca, un paso más en la senda de la independencia. ¿Qué pretende el presidente Puigdemont? ¿Siete segundos de independencia y siete diputados dispuestos a romper España por encima de todo y forzando a una amnistía de los condenados por un juicio televisado de los más rigurosos que se puedan hacer? Después de la amnistía ¿tendrán que pedirles perdón los jueces, los tribunales, la policía y ser indultados por los delincuentes?

Del primer caso, el del Partido Popular, poco tenemos que decir pues han llegado hasta donde podían llegar. Las botellas de cava que tenían preparadas para la celebración poselectoral podrán esperar y los miles de allegados y demás recomendados también tendrán que esperar. Así es la vida, no se han dado cuenta de cuáles eran sus posibilidades reales y han aprendido por la vía dolorosa que las encuestas las carga el diablo.

El líder del Partido Popular, en un ambiente de desconcierto provocado por el noqueo electoral, se dispuso a ir a un acto de investidura que era una batalla perdida de antemano y que se celebró a finales de septiembre, todo ello para el regodeo del grupo autodenominado “progresista”.

Por otra parte, Pedro Sánchez y sus fieles “generales” están proclamando desde el día siguiente al recuento electoral, que formarán gobierno como sea. La verdad es que ellos lo tienen más fácil ya que no tienen ni prejuicios ni principios, o son puntuales o coyunturales.

Y a todo esto, ¿Extremadura qué?... Extremadura con sus 9 diputados al Congreso y sus 10 senadores ha perdido estas elecciones. Los extremeños han elegido a 19 compromisarios devotos de sus respectivos partidos y líderes, que cuando llega el momento de la gran pregunta en la que se debe elegir entre la tierra que te ha votado y el asiento ocupado, nos demuestran que venden a su patria chica, actúan como mercenarios y optan por el sillón.

Seguiremos siendo el hazmerreír nacional con nuestros trenes de segunda o tercera mano y nuestras vías decimonónicas; seguiremos siendo una isla en tierra sin aeropuerto civil y con insuficientes comunicaciones por carretera; seguiremos encabezando el ranking del desempleo en el país, especialmente de los jóvenes; seguiremos sin empresas, sin industrialización, sin los medios de desarrollo de los privilegiados; seguiremos con los sueldos y pensiones más bajos de España y también seguiremos con unos agricultores y ganaderos en peores condiciones de producción que los terceros países no sometidos a las condiciones y exigencias de Europa.

También asistiremos por enésima vez a la ceremonia de la desolación en la que, una vez más, los extremeños podremos ver cómo el principio constitucional de igualdad entre territorios será quebrantado y comprobaremos cómo se admiten imposiciones independentistas basadas en regalías económicas o privilegios judiciales a sus dirigentes.

Hemos aprendido que, en este llamado estado de bienestar, tanto la social-democracia como el liberalismo no se rigen por la justicia en el reparto de bienes y servicios, sino más bien por el potencial electoral que pueda tener cada Comunidad Autónoma. En esta región estamos condenados de antemano a la hora de asignar los presupuestos anuales por criterios de mayor población y no por las exigencias de la despoblación, sin tener en cuenta la extensión y la dispersión geográfica, ni los criterios que pudieran beneficiarla. Somos marginados, también, en el acceso al desarrollo y al progreso por no levantar la voz. Van a priorizar a los mismos de siempre, los más críticos y desleales, los declarados enemigos de España.

Optamos por la igualdad de derechos, sin privilegios, ni chantajes, ni falsedades en la información. Queremos una sociedad con los mismos derechos para todos y los mismos deberes, también para los separatistas y golpistas.