Chernóbil sigue siendo una central nuclear clausurada por el colosal accidente ocurrido el 26 de abril de 1986 (magnitud 7, la máxima según la escala internacional de sucesos) que afectó letalmente a toda Europa, y que hoy no es ajena a los ataques de la guerra en curso en Ucrania.  A finales de febrero el sarcófago que la protege fue atacado por un dron ruso poniendo en peligro nuclear nuevamente una estructura que incluso estaba diseñada para soportar ataques externos de todo tipo.  

Toda central nuclear, es una señal inequívoca de cómo este tipo de industrias almacenes de residuos radiactivos pueden ser blancos fáciles y potencialmente mortíferos, con consecuencias y alcance territorial imprevisible según las circunstancias del incidente. Cuando en una central nuclear hay un accidente nada es equivalente al de cualquier otra industria. Con Chernóbil la nube radiactiva no solo afectó a los 100 km de radio, sino que llegó al noreste de España e incluso en Francia y Suiza se dejaron sentir mucho tiempo después, los efectos de la radiación.

Los riesgos ambientales y sanitarios de todas las centrales nucleares, incluso durante su funcionamiento, siempre han procurado ocultarse debido a las artimañas propias del negocio empresarial a nivel internacional. Por una parte, complicidades desde la propia minería, la construcción de la central y el implacable legado residual radiactivo y por otra a la dificultad de tener estudios de incidencia en la salud pública: los expertos médicos vuelven a recordar el crimen perfecto: “No es tiempo suficiente para conocer el impacto sobre la salud humana. Hay un periodo de latencia de los efectos de las radiaciones”.

En España se ocultaron, también graves accidentes, Palomares (1966), reactor de la Junta de Energía nuclear (1972), y el grave incendio del reactor de Vandellós-1 en 1989 (central inaugurada en 1972), que estuvo a punto de originar un nuevo Chernóbil y en el que la voluntariedad, de los trabajadores, y el azar, lograron controlar. En este caso se trataba de un reactor de tecnología francesa con la presunción, por el régimen franquista, de poder obtener como residuo el suficiente plutonio para obtener la bomba atómica.

Ninguno de los restantes reactores, previstos 38 en 1975, y que los movimientos ecologistas lograron reducir a 10, de tecnología mayoritaria norteamericana (Westinghouse) lo han hecho mucho mejor. Desde luego no fabricamos bombas nucleares, pero sí hemos rozado incidentes graves: fuga del refrigerante en Almaraz I(1988), fallos en las bombas de refrigeración en Almaraz (2016), servicios de aguas esenciales de Vandellós-2 (2004), escape de partículas de Ascó (2008), y todas las imperfecciones tecnológicas, así como el abandono de la cultura de seguridad que poco a poco han ido surgiendo en cada una de las centrales a pesar de todo lo incorporado después del accidente de Fukushima. (Ver: “Amanecer sin Almaraz. Informe acerca del historial de Almaraz”. Adenex. 1981-2025)

En efecto, desde 2011 ha habido grandes inversiones obligadas por los gobiernos sucesivos por las múltiples denuncias y manifestaciones del movimiento ecologista, pero también por técnicos cada vez más implicados en acabar con las presiones del loby pronuclear que tenía al propio Consejo de Seguridad Nuclear como rehén asegurado. A pesar de Fukushima las tres multinacionales del sector electronuclear (Iberdrola, Endesa y Naturgy) nunca hubieran admitido cambiar componentes, ni implementar medidas de seguridad esenciales sin las subvenciones encubiertas aportadas a través del recibo de la luz de los consumidores (vigente hasta el 2005), y de “beneficios caídos del cielo”, es decir de los presupuestos generales del estado (vigentes hasta el 2021).

La realidad es que la aportación energética del parque nuclear, hoy es escasamente un 7% en España (32 países generan aproximadamente una décima parte de la electricidad mundial) que con el desarrollo de las renovables no sirve para ir apagando y encendiendo reactores según necesidad, es decir para nada son flexibles para hacer un mix. Las plantas de respaldo son, desde luego, las hidroeléctricas (reversibles o no), y como transición hacia el almacenamiento y ahorro energético. Por otra parte, es una industria incapaz de resolver la gestión eterna de los residuos radiactivos, y por tanto, si no les rebajan las tasas no les interesa seguir produciendo más.

Otra cuestión es reconocer el loby electronuclear en España asociado a las multinacionales propietarias de las centrales. Como, desde hace tiempo, ya no puede influir tan fácilmente en el ente que las regula, el Consejo de Seguridad Nuclear, pues no les ha quedado más remedio que vincularse con los partidos de la oposición situados ahora en permanente compaña electoral. Se niegan a admitir que los propietarios de las centrales, en   2019, firmaron un acuerdo de cierre escalonado, e igualmente no reconocen la legislación que permite pedir la prolongación de cada central, la de un nuevo plan de residuos radiactivos y una ley del Plan nacional integrado de energía y clima (2023-2030).

¿Qué sentido tiene, pues, ampliar, alargar, seguir teniendo más incidentes con Almaraz (tres años más)?  
Un reciente informe de la influencia económica y social de los dos reactores atómicos en la zona lo ha dejado muy claro. Los ayuntamientos han recibido millonadas durante estos más de cuarenta años y ni han sostenido a la población ni han creado un tejido industrial a sabiendas que se trata de una industria con fecha de caducidad (AMAC.  2021. “Informe de impacto socioeconómico del cierre de la CNA”). 
¿A quiénes beneficia inflar falsas expectativas a costa de abusar de las instituciones públicas que ciertos ayuntamientos y diputaciones representan en la zona de Almaraz?

El gobierno anterior de la Junta de Extremadura ya dio prioridad a las empresas propietarias de la central para ocupar miles de hectáreas( sin estudios de protección a la biodiversidad) donde instalar sus parques fotovoltaicos en Extremadura (Iberdrola en Cáceres y Endesa en Badajoz),y  a la vez para impedir que el modelo descentralizado, comunitario y municipal de electricidad renovable (las comunidades energéticas locales) jugaran un papel decisivo precisamente para nuestra supervivencia y de la propia biosfera de la Tierra.

Las renovables comunitarias, las comunidades energéticas locales, tanto para la industria como para las actividades comerciales y domésticas, con modelos de redes de gestión ciudadana son imparables, resuelven el consumo necesario y también el reciclaje y almacenamiento, así como promueven un ahorro energético entorno al 25% del consumo actual.