La Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura se encuentra trabajando en el desarrollo de una nueva ley de medidas de ordenación urbanística que intentará frenar la despoblación en las zonas rurales y el éxodo de los ciudadanos de los pueblos a las grandes ciudades.

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, ha destacado este jueves la puesta del Ejecutivo regional por un urbanismo que "promueva ciudades y asentamiento humanos seguros, sostenibles, inclusivos y resilientes". Por ello, ha avanzado que su departamento trabaja en impulsar una ley de medidas de ordenación urbanística contra la despoblación y de políticas inclusivas en el medio rural.

En un acto celebrado en Cáceres ha explicado que esta normativa "regulará un régimen urbanístico específico para los municipios que por su tamaño y dinámica demográfica se encuentren en zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación", considerando la realidad territorial de Extremadura y fomentando la autonomía municipal.

Martín ha indicado además que los planes urbanísticos deben permitir alcanzar ámbitos urbanos respetuosos con los entornos naturales y ciudades que promuevan la cohesión social, la igualdad, la innovación y una mejor calidad de vida. En ese aspecto, ha insistido, para el Gobierno de Extremadura "el urbanismo va a jugar un papel muy importante a lo largo de los próximos años".

Para la Junta de Extremadura, una prueba de ello es la incorporación de la Agenda Urbana a la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio para marcar la estrategia y canalizar la aplicación de la Agenda 2030.

"La realidad urbanística de Extremadura está marcada por innumerables actuaciones que se han perdido, sufren demoras interminables o se encuentran paralizadas por las cargas y obstáculos que genera la normativa vigente", ha explicado el consejero. Ante esta situación su departamento trabaja para "conseguir un urbanismo más ágil, simplificando los procedimientos de aprobación del planeamiento y la gestión de su ejecución para poner a disposición de los vecinos suelo finalista y fijar población".

PROTECCIÓN AMBIENTAL SIN PERDER POBLACIÓN

El Gobierno de María Guardiola es consciente de que el exceso de protección ambiental provoca incertidumbre e inseguridad jurídica por la normativa urbanística existente, por lo que ha comentado que la Junta "adaptará las medidas necesarias para conseguir la plena compatibilidad de las áreas protegidas de Extremadura con el desarrollo de las zonas rurales".

El consejero ha ido más lejos cuando ha reconocido que si no se actúa con rapidez, "corremos el riesgo de que en Extremadura se queden los pájaros pero se vayan las personas". En este sentido, ha recordado que más de la mitad de los municipios de la provincia cacereña están en riesgo de despoblación, y que esta provincia pierde el doble de población que la de Badajoz.

"Algo se habrá hecho mal para que estemos como estamos", ha reiterado el consejero, que ha destacado la apuesta del Gobierno extremeño por medidas y planes que eviten la despoblación, poniendo de relieve que la región "está perdiendo en los últimos años lo más importante que tiene, que es su capital humano", ha sentenciado.