La Junta de Extremadura ha aprobado el aumento de los salarios de los empleados públicos en un 0,5 por ciento, que se hará efectivo en las nóminas de este mes y en las que también se incluirán las cantidades adeudadas desde el 1 de enero de 2023.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, ha señalado que mediante este acuerdo se consolida el incremento del 3 por ciento acordado con los sindicatos para este año, al tiempo que ha cifrado el coste de esta subida en 12 millones de euros.

Además, Bazaga ha recordado que, en las nóminas del mes de octubre, que finaliza hoy, los empleados del ámbito de la Administración General verán reflejadas las cantidades correspondientes al nivel 3 de la carrera profesional horizontal, una medida que tendrá un coste de un millón y medio de euros hasta final de año.

Este incremento, según ha señalado la portavoz, va a "servir de alivio a las familias afectadas por la subida de precios de los servicios y productos básicos" y muestra el compromiso del gobierno regional por cumplir los acuerdos alcanzados y atender al principal activo con que cuenta la Administración, "que son los trabajadores públicos".

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto mediante el que se establecen los precios públicos correspondientes a las enseñanzas de régimen especial impartidas en centros docentes dependientes de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional.

Estas enseñanzas son las de idiomas de régimen especial impartidas en Escuelas Oficiales de Idiomas; las elementales y profesionales de música y danza impartidas en Conservatorios de Música y Danza; las deportivas de régimen especial impartidas en Institutos de Educación Secundaria; las profesionales de artes plásticas y diseño, las superiores de diseño impartidas en la Escuela de Arte y Superior de Diseño, y los estudios superiores de arte dramático impartidos en la Escuela Superior de Arte Dramático.

Con esta nueva regulación, ha precisado la portavoz, se mantienen los precios públicos de enseñanzas impartidas en las escuelas oficiales de idiomas, "pero como novedad, en el caso de las clases no presenciales, se introduce una reducción del 50% tanto para los cursos de 60 como para los de 120 horas, respondiendo así a una petición de estos centros para que pueda ser atendida la gran demanda existente en la modalidad a distancia y que resultaba inaccesible para muchos alumnos por su elevado coste".

También se ha establecido el precio público para cursos de idiomas de 30 horas, que es una nueva modalidad que ofertan las escuelas oficiales de idiomas. Por otra parte, en el apartado de la Consejería de Salud y de Servicios Sociales, el Consejo de Gobierno ha tenido conocimiento de la compra e instalación de la maquinaria necesaria para arreglar uno de los ascensores averiados del centro de salud de Obispo Paulo de Mérida.

Este centro sanitario, ha explicado Bazaga, lleva más de cinco meses sin tener operativo ninguno de sus dos ascensores, por lo que se ha establecido un procedimiento de emergencia para poder reparar cuanto antes uno de ellos, por un importe de 32.700 euros.

En el área de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, el Consejo de Gobierno ha autorizado la formalización de dos transferencias específicas plurianuales a la Fundación Fundecyt-Parque Científico y Tecnológico de Extremadura para el desarrollo de dos programas, cofinanciados con fondos del programa FEDER 2021-2027 en un 85 por ciento, por un importe global de 4.473.285 euros.

Victoria Bazaga ha indicado que el primero de estos acuerdos cuenta con un presupuesto de 3,2 millones de euros y tiene como objetivo financiar el Observatorio de I+D+i de Extremadura, además de crear espacios de encuentro entre empresas e investigadores y difundir la cultura científica entre la sociedad extremeña.

El segundo tiene un presupuesto de 1,2 millones de euros y busca sufragar los gastos del Sistema Extremeño de Ciencia Tecnología e Innovación de la región (SECTI) en el diseño de proyectos de investigación competitivos en las convocatorias internacionales.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha aprobado la participación de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital en la Asociación Española de Usuarios de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (AUTELSI), que Bazaga ha definido como "una entidad sin ánimo de lucro que defiende los derechos tecnológicos de los ciudadanos y aboga por que todos los territorios dispongan de conexión a Internet".

Además, ha dicho, el trabajo que desarrolla AUTELSI sirve para intercambiar información y experiencias entre las comunidades autónomas mediante foros en los que participan los responsables en materia de telecomunicaciones y representantes de las empresas más relevantes del sector.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto de cese, a petición propia, del secretario general de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación profesional, Francisco Eugenio Pozo Pitel.

La portavoz del Ejecutivo ha explicado el cese por el hecho de que Pozo Pitel ha aprobado un proceso de oposiciones a interventor y, con carácter previo a su nombramiento, debe realizar un curso de dos semanas de duración.

Por ello, debe cesar en su puesto para participar en el curso, tiempo durante el cual asumirá sus funciones la secretaria general de Educación y Formación Profesional, Pilar Pérez García.

En el ámbito de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, se ha autorizado la firma de sendos convenios de colaboración con la Mancomunidad de Municipios de la Serena y con la Mancomunidad Integral de Aguas y Servicios de la Comarca de Llerena para sufragar el funcionamiento y el mantenimiento de las oficinas técnicas de urbanismo y desarrollo territorial sostenible, por un importe global de 204.000 euros.

Estos servicios, ha manifestado Bazaga, son claves para en el ámbito municipal para el asesoramiento y la asistencia técnica en materia de ordenación gestión y disciplina urbanística. "Con este tipo de acciones, desde la Junta reafirmamos nuestro compromiso con la prestación de recursos públicos en todo el territorio de nuestra región", ha concluido.

En la foto de la noticia, Victoria Bazaga.