El proyecto para la transformación en regadío de 12.000 hectáreas en el término municipal de Monterrubio de la Serena será una realidad antes de que acabe este año 2024, según ha anunciado este martes la portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha acordado en su última sesión la aprobación de una ampliación del convenio de colaboración entre la Administración regional y la Comunidad de Regantes del Valle del Zújar para la puesta en marcha del regadío de Monterrubio de la Serena que contempla la ampliación del plazo de las obras hasta el 31 de diciembre de 2024.

La intención del Ejecutivo de María Guardiola es materializar el proyecto antes de que finalice este año con el convencimiento de que esta nueva forma de cultivo generará riqueza, creará empleo y contribuirá a fijar población en el entorno rural.

REGADÍO DE TIERRA DE BARROS

Bazaga también ha manifestado el compromiso del Ejecutivo con el proyecto de transformación en regadío de Tierra de Barros, un proyecto que, según ha indicado, el Gobierno regional asume "con el máximo rigor y seriedad". Para ello será necesario que Europa desbloquee los fondos necesarios para comenzar la licitación de los trabajos y emita una declaración de impacto ambiental favorable.

Estas declaraciones de Victoria Bazaga se han producido siete días después de que Vox acusase al Gobierno socialista de Guillermo Fernández Vara de renunciar al proyecto de regadío en Tierra de Barros y de acusar a Guillermo Fernández Vara de estafar a los extremeños. En concreto, el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, Ignacjo Higuero de Juan, denunció que han sido estafados los 1.200 regantes de Tierra de Barros que llevan años esperando este proyecto. Según el consejero, se han destruido documentos de los servicios informáticos de la Junta de Extremadura.

Los servicios jurídicos de Ecologistas en Acción de Extremadura ya han anunciado que están estudiando la posibilidad de presentar una querella contra el Gobierno de Fernández Vara por haber dictado varias resoluciones administrativas en relación con el regadío de Tierra de Barros a sabiendas de que el proyecto era inviable y carecía de sustento legal alguno.

Además entienden que, a pesar de que la Junta se había comprometido con Bruselas en no sacar el proyecto de regadío adelante, iniciaron los procesos expropiatorios para llevarlo a cabo en Tierra de Barros, habiendo sufragado importantes cantidades de dinero, no solo en funcionarios dedicados al proceso de expropiaciones, sino que además se pagó con dinero público a los propietarios los depósitos de ocupación previa de los terrenos que iban a ser expropiados, lo que a su juicio podría constituir un delito de malversación de caudales públicos.