La Universidad de Extremadura (UEX) necesita 69 plazas de profesores ayudantes doctores que suponen un sobrecoste de 2,5 millones de euros al año, pero el Gobierno no está dispuesto a afrontar esa cantidad.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades sólo pretende cubrir una parte del coste del contrato temporal de los profesores durante 6 años, con lo que da por hecho que la estabilización de ese personal correrá a cargo de las comunidades autónomas. Además, el Gobierno pretende que a partir de ese plazo sean las comunidades las que financien la totalidad del coste de esos contratos.

La Junta de Extremadura ha expresado su disconformidad con esas medidas del Gobierno que considera unilaterales después de haberse celebrado tres sesiones del grupo de trabajo constituido para la puesta en marcha de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

En los encuentros se ha analizado por primera vez el impacto real de la LOSU y se ha llegado a algunos acuerdos, entre los que figura el retraso de la entrada en vigor de algunos de sus aspectos.

Pero la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura ha expresado su descontento por la falta de consenso en la propuesta realizada por el Gobierno central, al que acusa de actuar al margen de las comunidades autónomas a la hora de implantar un sistema para la financiación de la LOSU.

La consejería extremeña formaba parte de la comisión de trabajo junto a cinco comunidades autónomas más, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y los sindicatos. Esta comisión fue creada a propuesta del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades con la finalidad de consensuar aspectos esenciales relativos a la implantación de esta Ley.

La Junta de Extremadura ha explicado que la comisión presentó el pasado 4 de marzo una propuesta que trasladó al ministerio para su estudio. Sin embargo, antes de ofrecer una respuesta, el Gobierno dio a conocer su decisión de sufragar únicamente dos terceras partes del coste de las contrataciones de profesores ayudantes doctores necesarias para adecuar las plantillas a las nuevas dedicaciones docentes de la LOSU.

La consejera María Mercedes Vaquera ha lamentado que esta decisión haya sido adoptada al margen de las comunidades autónomas y teme que las consecuencias vayan a perjudicar a esta comunidad autónoma, ya que la aplicación de esta ley supondrá un sobrecoste para la Universidad de Extremadura que, en su opinión, no debe ser asumido mayoritariamente por el Gobierno regional.