El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, junto con el resto de CCAA gobernadas por el PP, han rechazado el orden del día de la Conferencia Sectorial de Empleo convocada por el Ministerio este jueves y se oponen en lo que consideran "una clara invasión de competencias", a convertir las oficinas de empleo autonómicas en una nueva ventanilla donde presentar las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital, IMV.

Los consejeros de las comunidades del PP se oponen a la consulta de la tramitación del Real Decreto que desarrolla la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo porque supone "una clara invasión de competencias".

El consejero Santamaría ha logrado el compromiso del Ministerio de Trabajo para que se prorrogue el Plan Extraordinario de Empleo de Extremadura, recogido en la disposición adicional de los presupuestos del 2023, y que contempla quince millones de euros para Políticas Activas de Empleo.

Extremadura y el resto de las comunidades del PP han pedido la retirada del punto cinco, que aborda el Real Decreto por el que se desarrolla la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, porque se ha introducido sin la documentación y antelación previstas por el reglamento interno de la Conferencia Sectorial de Empleo. El punto no ha sido retirado del orden del día.

Este Real Decreto pretende, a juicio del Gobierno Regional, traspasar a los servicios autonómicos el actual colapso de las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en la gestión del IMV.

Guillermo Santamaría ha indicado que el Gobierno Central pretende ampliar servicios garantizados "muy alejados" del ámbito de las competencias de un Servicio Público de Empleo, y su desarrollo supone un intento de trasladar a los servicios autonómicos de empleo "la obligación" de recomendar cuál es la prestación adecuada para cada familia; todo ello debido al colapso en la gestión por parte del Gobierno del PSOE del lMV.

A juicio del Gobierno Regional deben modificarse los artículos 41.d y 44 porque considera que las recomendaciones, en materia de protección social, no pertenecen al ámbito competencial de los servicios públicos de empleo.