La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena Aragón, ha mantenido este viernes una reunión con el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en el que le ha podido plantear de primera mano las necesidades de la Administración de Justicia para la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Tena Aragón, le ha indicado, entre otras, la necesidad de impulsar las obras de ampliación del Palacio de Justicia de Cáceres, así como la necesidad de crear un Juzgado de Violencia sobre la Mujer con sede en Mérida y cuya competencia territorial abarque a varios partidos judiciales de la provincia de Badajoz, y la creación de un Juzgado de lo Mercantil con carácter provincial en Cáceres.

Cabe recordar que el proyecto de ampliación del Palacio de Justicia de Cáceres se adjudicó hace casi un año a una unión temporal de empresas por 598.000 euros, pero la obra completa de construcción de dos nuevos edificios anexos al actual rondará los 13 millones y tardará dos años en su ejecución, una vez comience.

En el encuentro también han tenido la oportunidad de tratar la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia, que va a facilitar la creación de los tribunales de instancia.

La reunión se ha producido dentro del marco del viaje institucional que ha realizado el ministro a Extremadura y en el que ha estado incluido la visita al TSJ de Extremadura y al Juzgado de Violencia sobre la Mujer provincial de Cáceres.

La magistrada titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer provincial de Cáceres, Cristina Mendigutía de la Cruz, ha explicado al ministro cómo funciona dicho juzgado, que es el primero en España en abarcar una provincia.

Esta característica ha permitido compatibilizar una atención especializada a las mujeres víctimas de la violencia de género que residen en zonas rurales, con la posibilidad de no tener que desplazarse a la sede judicial de Cáceres para tener que declarar y poder hacerlo así, si lo eligen, desde sus municipios.

La creación del Juzgado ha servido además para dar una atención más especializada a las víctimas de las zonas rurales, a la vez que ha permitido aliviar de la carga de trabajo a todos los juzgados de la provincia cacereña. Actualmente, prácticamente el cien por cien de las víctimas declaran ya desde sus municipios y son muy pocas las que prefieren venir al juzgado a declarar.