El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Mérida, José Agustín Agenjo, ha dictado auto de apertura de juicio oral contra el Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional de Mérida por considerar que era una organización criminal que colaboraba con narcotraficantes.

El juez da por cerrada la instrucción y manda al banquillo a seis agentes del Cuerpo Nacional de Policía de la capital extremeña, entre ellos los cinco que integraban el Grupo de Estupefacientes de Mérida hasta que fueron detenidos en septiembre de 2021, y otro policía más.

En aquella fecha, la Unidad de Asuntos Internos de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional desmanteló el grupo y detuvo a todos sus integrantes en una operación iniciada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, aunque finalmente fue la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional la que llevó a cabo las detenciones.

En la operación se detuvo a una veintena de personas entre las que se encontrarían cinco policías y al menos un agente de la Guardia Civil bajo la coordinación inicial de un juzgado del municipio alicantino de Torrevieja.

RAMBO Y EL CANARIO

En el auto, el magistrado considera que el Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional de Mérida fue, al menos entre los años 2018 y 2021, una organización criminal dedicada al tráfico de hachís, entre otros delitos. El líder del grupo era el inspector, Francisco Javier N., conocido como "Rambo", en una trama que dirigía Javier G., "El Canario", también integrante del equipo policial.

A partir de ahora, el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares disponen de diez días para presentar escrito de acusaciones y la defensa puede solicitar el archivo de la causa, en la que se encuentran imputadas 15 personas, 10 de ellas agentes del Cuerpo Nacional de Policía y varios narcotraficantes.

En su auto, el magistrado ha decretado el archivo provisional de las actuaciones contra diez pequeños traficantes de droga que fueron detenidos en la operación, y ordena abrir una investigación para esclarecer la implicación de la mujer de uno de los agentes y su responsabilidad como partícipe a título lucrativo de los hechos.

Los agentes detenidos actuaban presuntamente junto con los propietarios de varias plantaciones de marihuana y en la operación fueron desmanteladas varias plantaciones “indoor” con más de 3.000 plantas e intervenidos equipos necesarios para su cultivo y desarrollo.

El suceso tuvo una gran repercusión en todo el país y el Ministerio del Interior indicó entonces que existía un complejo entramado criminal asentado en la provincia de Badajoz que estaba integrado por varias organizaciones que interactuaban entre ellas y que se dedicaban al cultivo, procesado, manipulación y posterior distribución de marihuana.