El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado, en su reunión de este martes, un decreto mediante el que se amplía el plazo para solicitar las ayudas del denominado Plan Moves III -para la compra de coches eléctricos e instalación de puntos de recarga- hasta el próximo 31 de diciembre. 

Así lo ha anunciado en rueda de prensa la portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, quien ha recordado que la dotación económica disponible para estas ayudas asciende a 17 millones de euros. 

En concreto, la portavoz ha explicado que en lo que va de este año 2024 se han presentado un total de 1.389 solicitudes, de las que 1.111 han sido calificadas ya como favorables y están listas para ser abonadas por un importe de más de 4 millones de euros. 

Las cuantías por la compra de un vehículo eléctrico varían según el modelo, el perfil de comprador o el uso al que se vaya a destinar, ha detallado Bazaga, si bien se incrementarán en el caso de que se haga entrega de un turismo antiguo de diésel o gasolina. Respecto a los puntos de recarga, las ayudas dependen de las características de la instalación y la utilidad en cada caso, y podrán alcanzar "hasta el 80 por ciento de la inversión cuando se instalen en localidades de menos de 5.000 habitantes", ha explicado. 

Además, ha agregado Bazaga, en los puntos de recarga de comunidades de propietarios se financiará también la preinstalación eléctrica. Al mismo tiempo, la portavoz del Ejecutivo ha recordado que para la ampliación del plazo de presentación de solicitudes era necesaria la modificación del decreto que regula estas subvenciones, lo que supone un trámite más complejo que ha concluido hoy con la aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno. No obstante, ha asegurado Bazaga, en breve se podrán presentar las solicitudes, que contarán con un procedimiento de gestión simplificado. 

Además, "se admite la posibilidad de adquirir vehículos en concesionarios fuera de Extremadura cuando el vehículo deseado no esté disponible en un punto de venta en la región", ha apuntado. 

CREACIÓN DE EMPLEO

 Otro de los asuntos destacados en la agenda del Ejecutivo ha sido la aprobación del decreto y la convocatoria de las ayudas por la creación y consolidación del empleo en sociedades cooperativas y laborales, con una dotación de 1.600.000 euros, lo que supone casi un 20 por ciento más que en la convocatoria anterior, de 1.300.000 euros. 

La portavoz de la Junta de Extremadura ha cifrado en 34.900 euros el límite de la subvención por la contratación de personas desempleadas, y en 22.000 euros por la incorporación de socios trabajadores en estas entidades. La previsión del Ejecutivo, en palabras de Bazaga, es que se puedan crear "al menos 120 puestos de trabajo en unas 70 cooperativas y sociedades laborales".

 "Esta iniciativa contribuirá, no solo a generar puestos de trabajo estable en el sector, sino también a aumentar el número de cooperativas y sociedades laborales, así como a consolidar las actividades de las existentes", ha indicado Bazaga. Además de ese aumento del presupuesto, el decreto contiene, como novedad, "una tarifa cero para los socios de las entidades que quieran trabajar como autónomos" y "subvenciones para transformar contratos temporales en indefinidos y para el mantenimiento de los empleos durante 12 meses adicionales a los 24 meses iniciales obligatorios", ha explicado. 

Además, ha dicho la portavoz, "se establecen incentivos para los contratos que se realicen en municipios de menos de 5.000 habitantes y para las entidades que implanten un Plan de Igualdad". 

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

El Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación del servicio para la organización y desarrollo de 36 acciones de capacitación en el Centro de Formación para el Empleo de Don Benito. Mediante este servicio "más de 600 alumnos con dificultades para encontrar un trabajo adquirirán competencias en diferentes sectores profesionales y mejorarán así su inserción laboral", ha subrayado Victoria Bazaga. 

Los estudiantes que participen -ha añadido- podrán formarse en áreas como la administración, el comercio, la energía, la industria alimentaria, la agricultura, la informática, el transporte o los servicios socioculturales.

 DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA 

Por otra parte, la consejera ha enfatizado que "junto al acceso a un empleo estable, el acceso a una vivienda digna es otra prioridad para la Junta de Extremadura" y, ha insistido, "para atender a la población más vulnerable, apostamos por la promoción de la vivienda protegida". 

En este sentido, ha recordado que uno de los objetivos de la Junta de Extremadura es incrementar el parque público -que actualmente es de 7.530 viviendas en Extremadura- con la creación de casi un centenar de nuevos inmuebles en 22 municipios. Victoria Bazaga ha puntualizado que además de esas nuevas construcciones, resulta "fundamental mantener en buenas condiciones las viviendas de las que disponemos". Por ello el Ejecutivo ha autorizado una inversión de 1,6 millones de euros para conservar y reparar posibles daños en edificios de viviendas sociales de la Junta, un servicio que incluye tareas como "saneamiento, tratamiento de humedades, así como limpieza de solares, canalones y bajantes".

 INFORMACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha autorizado la implantación del Sistema Extremeño de Información de Servicios Sociales y la creación de la Historia Social Única en Extremadura, un proyecto con el que se pretende "modernizar, optimizar y acercar al ciudadano la gestión de los servicios sociales".

 Se trata -ha dicho Bazaga- de una plataforma digital en la que se integrarán los datos personales, familiares, económicos o laborales de cada usuario, así como las prestaciones y ayudas de las que es beneficiario. "Será una herramienta de última generación que permitirá consultar y tramitar, de forma ágil y centralizada, toda la información relativa a los servicios sociales, un recurso que mejorará la atención por parte de los profesionales a los ciudadanos", ha añadido. 

Con esta iniciativa, que cuenta con un presupuesto de 6,6 millones de euros, se evitarán duplicidades en la gestión de los datos, retrasos en los procesos y posibles molestias a los ciudadanos "por el uso de un sistema que era muy mejorable". 

El Ejecutivo estima que estará completamente operativa en el último trimestre de 2025, ha concluido la portavoz.