Las compañías Iberdrola Generación Nuclear, S.A.U. y Endesa Generación, S.A.U., copropietarias de la Central Nuclear de Almaraz, pretenden abrir una negociación con el Gobierno para intentar paralizar el apagón de la planta, previsto para el año 2027.

Ambas compañías solicitarán al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) una reunión con la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, para plantear una prórroga de la vida útil de las dos unidades de la planta cacereña.

De producirse el encuentro, las empresas propietarias quieren abrir una vía negociadora con el Gobierno para dejar sin efecto el protocolo de cierre de las centrales nucleares y frenar el apagón que se iniciará en 2027 con la planta de Almaraz, según ha publicado El Periódico de la Energía.

El Ministerio está dispuesto a mantener el calendario de cierre de las centrales nucleares españolas a pesar de la proposición no de Ley aprobada hace dos semanas en el Congreso de los Diputados, mediante la cual se instaba al Gobierno a prolongar la vida útil de las centrales nucleares españolas.

De hecho, en el caso concreto de Almaraz, las compañías propietarias no estarían dispuestas a continuar con la actividad en la planta si no se flexibilizan las cargas fiscales que soportan. Fuentes del Partido Popular (PP) han asegurado a Radio Interior de Extremadura que, en las circunstancias actuales, sin producirse un alivio de la presión fiscal que soportan las eléctricas, no estaráin dispuestas a continuar operando en el sector. De hecho fueron las empresas titulares, y no el Gobierno, las que decidieron el cierre.

En las próximas horas, Endesa e Iberdrola solicitarán al Ministerio una reunión con el fin de acercar posturas, no solo para continuar con su actividad, sino para reducir la carga impositiva; sin un alivio de la presión fiscal no habría posibilidad alguna de alargar su vida útil.

La vicepresidenta Sara Aagesen ha reiterado en varias ocasiones que las compañías propietarias de las centrales no han realizado ninguna petición concreta sobre la prolongación de los distintos reactores aún en funcionamiento en nuestro país. Será esta, por tanto, la primera vez en la que se inicie una vía negociadora que permitirá conocer si el Gobierno cede ante la presión social que, a través de distintos grupos de presión, ha iniciado hace meses una estrategia pronuclear especialmente intensa en Extremadura.

Las compañías propietarias han manifestado en varias coasiones que la subida de la tasa de la Empresa Nacional de Residuos (Enresa) y de los impuestos -sobre todo los estatales- les impiden operar con un margen empresarial de rentabilidad en el sector nuclear.