La Mesa de Negociación General de la Junta de Extremadura ha aprobado este viernes el I Protocolo para la Prevención y Actuación frente al Acoso Sexual y Acoso por Razón de Sexo, que afecta a más de 60.000 empleados públicos de la Administración regional.

El protocolo, consensuado con todos los agentes sociales, recoge un compromiso de la Junta de Extremadura para la prevención y erradicación del acoso sexual y acoso por razón de sexo, que ha sido firmado por la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano Silva, y la secretaria general de Igualdad y Conciliación, María del Ara Sánchez Vera.

Con este protocolo, han dicho ambas, se da un paso adelante muy importante en la protección de los trabajadores de la Junta de Extremadura que, a partir de ahora, contarán con una herramienta que garantizará la defensa de sus derechos y libertades en el ámbito laboral.

Elena Manzano y María del Ara Sánchez han puesto también de manifiesto el compromiso del Gobierno de Extremadura con la protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo aprobando este protocolo que, a pesar de ser un mandato de la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura, "ningún gobierno lo había abordado hasta ahora".

Ara Sánchez ha señalado que "cuando llegamos al Gobierno vimos que era contradictorio que desde la Administración se obligara a las empresas con más de 50 trabajadores a tener un Plan de Igualdad y un protocolo de actuación frente acoso, y que, sin embargo, la Junta de Extremadura, con más de 60.000 trabajadores, no contara con uno, cuando es el centro de trabajo con más empleados de la región".

Es por ello, que "desde el primer momento, la Secretaría General de Igualdad y Conciliación y la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en una estrecha colaboración, junto con los sindicatos que forman parte de la Mesa General de Negociación, hemos estado trabajando de manera intensa, desde hace más de 5 meses, para la redacción del protocolo, que afecta a todo el personal de la Administración General, Educación y Sanidad".

Ya aprobado este protocolo, ha señalado, todos los esfuerzos se centrarán en avanzar en la elaboración del I Plan de Igualdad, que está previsto que pueda estar redactado y consensuado para su aprobación en el segundo trimestre de 2026.

El protocolo aprobado hoy, que tendrá una vigencia de 4 años y es de obligado cumplimiento, es un documento que busca garantizar un entorno laboral seguro y libre de violencia sexual y discriminación por razón de sexo.

Dentro del mismo se detallan las conductas constitutivas de acoso, tanto verbales como no verbales, físicas y en el ámbito digital, y diferencia dos tipos de acoso, el acoso sexual y por razón de sexo.

La secretaria general ha resaltado que "hoy es un día para marcar en rojo en el calendario de fechas importantes en Extremadura, porque han tenido que pasar 14 años, para que un gobierno, en este caso, el de María Guardiola, haya aprobado este documento, que es esencial para avanzar en los derechos de los trabajadores".

El protocolo establece que el mecanismo de intervención está sujeto a los principios de confidencialidad, respeto a la víctima, imparcialidad y prohibición de represalias, así como al derecho a información y asistencia durante el procedimiento.

La intervención se activa mediante una comunicación a la 'Asesoría Confidencial' de cada ámbito de la Administración que, a su vez, contará con una comisión Instructora, compuesta por representantes de la Administración y de los sindicatos, que serán quienes analicen el caso y trasladen un informe al órgano competente en materia de personal para que éste adopte las medidas oportunas y pueda hacer un seguimiento de estas.

Entre las medidas a adoptar puede estar el cambio de turnos o de puestos para separar a la persona agresora de la víctima; sanciones disciplinarias y medidas preventivas, así como dar conocimiento al Ministerio Fiscal si los hechos pudieran ser constitutivos de delito.

En la Mesa General de Negociación, a la que ha asistido el director general de Función Pública, Domingo Expósito, cuyo departamento ha colaborado estrechamente en la elaboración del protocolo, han estado presentes numerosos representantes de los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, que han destacado el buen clima de cooperación y el amplio consenso que ha reinado en todas las reuniones previas a la redacción del documento.

Los agentes sindicales han puesto en valor que el protocolo sea ya una realidad después de 14 años reivindicándolo, al igual que el Plan de Igualdad.