La medianoche del 16 de abril marcará el inicio de una parada técnica programada para las dos unidades de la central nuclear ubicada en Almaraz (Cáceres), una decisión que no responde a fallos técnicos ni a motivos de seguridad, sino a factores económicos y de mercado.

Según fuentes cercanas a la instalación, los reactores dejarán de operar temporalmente al no haber sido seleccionados en el proceso de casación del mercado eléctrico diario. 

A pesar de que ambas unidades están operativas y cumplen con los estándares de seguridad, la planta se ha visto forzada a detener su actividad por una combinación de circunstancias adversas.

Entre ellas, destacan el aumento significativo de la producción renovable en los últimos días —favorecida por una intensa actividad atmosférica con sucesivas borrascas— y una carga fiscal que desde el sector califican de “inasumible”. En concreto, más del 75% de los costes variables de la instalación corresponderían a tributos, lo que pone en jaque la rentabilidad del funcionamiento continuo de la planta.

Desde la central advierten que este tipo de situaciones generan “ineficiencias en el sistema eléctrico”, al dejar fuera a tecnologías que, como la nuclear, aportan firmeza y estabilidad a la red. 

Aunque recalcan que este parón está contemplado en sus protocolos internos y se ejecuta con total normalidad, no ocultan su preocupación por el futuro económico de una infraestructura que consideran “competitiva, pero asfixiada fiscalmente”.

Este episodio vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el papel de la energía nuclear en el mix energético español, especialmente en un contexto de creciente protagonismo de las energías verdes y una fiscalidad que, según el sector, no tiene en cuenta las características diferenciales de esta fuente de generación.