Ceder las competencias supondría anular el modelo de organización territorial, atentando directamente contra el principio de igualdad. "Generalizar un sistema de conciertos o de cupos supone un atentado directo contra el principio de igualdad. Rompe la hacienda estatal, el Estado se queda sin recursos y, por lo tanto, no puede prestar competencias", ha expresado.