Los discapacitados necesitan formación y, además, empleo. No pueden quedarse en casa quienes, como antes, no tenían otro horizonte por su estigma convertido desde la Constitución de 1978 en un derecho, además de por otros convenios y acuerdos internacionales. Las Administraciones Públicas responden hoy a esta necesidad con sus políticas en las convocatorias de empleo y con programas específicos para su fomento.

Recientemente, la Junta de Extremadura ha convocado las ayudas para el fomento del empleo de personas con discapacidad en centros especiales de empleo para 2022, con un presupuesto de 15,5 millones de euros, lo que supone un aumento del 300 por cien desde el 2016 y un incremento de 4,5 millones respecto a la convocatoria anterior. Estas cifras se deben, de un lado, al aumento del SMI y, de otro, al incremento del número de centros especiales de empleo.

Noticias de este tipo son de agradecer cuando, antes de que por ley, fueren los padres quienes crearen asociaciones que hicieren frente a una necesidad que hubieren para con sus hijos, que muchos gobiernos no se plantearen hasta que se hubieren plasmado. Aquí y ahora tenemos ejemplos bastantes que nos hablan a diario de los resultados de ese empeño que da luz a quienes, por nacimiento u otras circunstancias, se quedaren a la cola de los damnificados de la vida.

La igualdad de oportunidades se manifiesta especialmente en estas políticas tendentes a incorporar a los discapacitados al mundo del empleo, al fomento de su creación y la estabilidad del mismo y para proyectos generadores y el mantenimiento de puestos de trabajo en centros especiales.

Suele decirse hoy más de la cuenta, quizá, por parte de representantes de los poderes públicos, por resultados que muchas veces no viéremos, que “no vamos a dejar a nadie atrás”; menos aún, diríamos, a los vulnerables que, por culpa de su discapacidad, no hubieren en otros tiempos lo que hoy fuere de justicia para todos. A nadie sorprende hoy la insistencia y el rigor con que se observan las plazas que se reservan por el turno de discapacidad en cualquier convocatoria pública de empleo ni tampoco las políticas que tienden a favorecer la plena inclusión de los discapacitados físicos que, impedidos por las barreras de sus domicilios, no pueden ni salir a la calle ni a tomar el sol cuando les apeteciere; es decir, permanecen confinados en vida por su situación y no por un virus contagioso.

La Estrategia de Empleo y Competitividad Empresarial 2020-2021 y el Plan de Empleo de Extremadura 2020-2021 recogen que este colectivo (el de discapacitados) con especiales dificultades “puedan ser partícipes, como sujetos activos titulares de derechos, de una vida en iguales condiciones que el resto de los ciudadanos”. Y, sobre todo, que las subvenciones para estos contratos generen empleos a los discapacitados con un mínimo de estabilidad que les permitan vivir dignamente.