Las asociaciones representativas del sector del transporte de viajeros por carretera han denunciado este viernes que la Junta ha licitado el transporte escolar para el periodo 2022-2026 a precios del año 2016 y sin tener en cuenta la subida del precio de los carburantes ni de los salarios establecidos en los convenios del sector en los últimos seis años.

En una nota, las asociaciones AGAPYMET, AREBUS, ARTATAXI, ASEMTRAEX y ETRANSA han solicitado una reunión con el jefe del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, para buscar una solución a esta "crítica situación".

Han explicado que la Administración regional ha abierto el plazo de realización de ofertas de las rutas de transporte escolar para los dos próximos cursos escolares con unas bases en las que establece que el elemento que más peso tiene dentro de la licitación es el precio, con un 55 % del total.

Según han indicado, los precios máximos a los que pueden licitar las empresas no pueden superar en ningún caso los vigentes en 2016, "no siendo tampoco objeto de actualización durante toda la duración del contrato", por lo que al final del periodo los operadores de transporte estarían cobrando los precios vigentes diez años antes.

Con estos requerimientos, han advertido, la Junta de Extremadura está obviando los "importantes incrementos de costes", fundamentalmente la subida de los carburantes y el coste de los convenios laborales que se han producido en los últimos seis años.

Por ello, han criticado que con estas condiciones de licitación, la Junta de Extremadura está impulsando la "precarización" del sector y de las condiciones laborales de los 900 trabajadores vinculados a esta actividad en la región.

Para estas asociaciones resulta "inconcebible" que en la nueva licitación la Administración regional no tenga en cuenta que, desde el año 2016, los costes salariales de los trabajadores del sector según los convenios vigentes se han incrementado en un 8 %, y que el coste de los carburantes se han encarecido un 76 % en el mismo periodo.

Ello provocará pérdidas económicas a las empresas adjudicatarias durante el periodo de duración de la ejecución del contrato, "con riesgo cierto de cese y abandono de la actividad" en un sector esencial como es el del transporte escolar que, han apuntado, da trabajo directa o indirectamente a más de mil quinientas familias.

Por ello, han reclamado soluciones a la Junta para que los incrementos de los costes reales del sector sean "reconocidos y compensados" a las empresas.

Según han apuntado, en Extremadura existen 568 rutas de transporte escolar, en las que se utilizan otros tanto vehículos, y la mayoría de las empresas prestatarias del servicio son de pequeño y mediano tamaño.

Su principal forma de subsistencia es el transporte escolar como fuente de ingreso regular, ya que su otra fuente de ingreso es el transporte discrecional de viajeros, "tan castigado y mermado últimamente" debido a la pandemia de la covid.