La Policía Nacional, en colaboración con la policía turca, ha detenido a 90 personas que distribuían documentos falsos para favorecer la inmigración irregular en España.

La organización captaba los clientes a través de redes sociales en España, y una vez que recibían la mitad del pago del documento, lo fabricaban en Estambul.

El resto del pago era abonado antes de su envío, en un plazo de siete días. Del mismo modo, ofrecían distintos documentos; pasaportes por 1.000 euros, permisos de residencia por 750 euros, visados Schengen por 500 euros y permisos de circulación por 350 euros, por lo que se estiman unos beneficios  superiores a 1.000.000 de euros.

Las detenciones se han producido en 26 provincias, entre ellas Badajoz, con dos personas detenidas y en la provincia cacereña, una. A todos los detenidos se les imputan los delitos por pertenencia a organización criminal, falsedad documental, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, usurpación de estado civil y contra la seguridad del tráfico. Los agentes han intervenido 71 documentos falsos, 4.300 euros  en  efectivo,  varios dispositivos   electrónicos y diversa documentación. La operación ha contado con la cooperación de la policía turca.

Esta organización criminal se  ofertaba a través de las redes sociales, donde publicitaban videos exhibiendo documentos falsos para transitar por territorio Schengen y de este modo captar clientes interesados.

Una vez que el cliente contactaba con la red por redes sociales, le solicitaban un número de teléfono para que se pusiera en contacto con los fabricantes de los documentos falsos, los cuales estaban instalados en Estambul. Le pedían por mensajería instantánea los datos personales para así realizar el documento y que realizara la mitad del pago a través de una empresa internacional de envío de dinero. Cuando terminaban la fabricación, le enviaban una foto a través de un mensaje al teléfono móvil para que abonase el resto del pago y se lo enviaban,  por   mensajería, a los miembros de la organización ubicados en España en el plazo de siete días.

La organización criminal estaba integrada por miembros que se dividían en dos ramas de actividades delictivas: una con funciones de recepción y cobro de dinero a los clientes en España, en su mayoría de origen sirio, aunque también de Argelia, Uzbekistán, Líbano, Turkmenistán, Egipto, Libia, Irak, Azerbaiyán y Marruecos.

Otra con funciones de envío de documentos falsos a España, compuesta por personas de nacionalidad Siria y que operaban desde su centro de fabricación de documentos falsos en   Estambul. Por lo que ha habido un constante intercambio de información y diversas reuniones con la policía turca.

Los falsificadores sirios estaban especializados en documentos de todo tipo, podían reproducir, permisos de residencia de países comunitarios por 750 euros, visados Schengen por 500 euros, permisos de circulación por 350 euros  y pasaportes por 1.000 euros. Los agentes estiman que han conseguido introducir en nuestro país más de 700 paquetes con documentación falsa por lo que, la organización podría haber generado beneficios superiores al millón de euros.

Se ha detenido a 90 personas en 26 provincias españolas, Alicante (10), Almería (18), Badajoz (2), Cádiz (3), Cáceres (1), Castellón (2), Córdoba (1), Cuenca (1), Gerona (2), Gran Canaria (2), Granada (1), Guadalajara (1), Guipúzcoa (6), Huelva (7), Madrid (9), Málaga (1), Murcia (9), Islas Baleares (1), Lérida (2), Palencia (1), Pontevedra (1), Soria (1), Sevilla (1), Tarragona (1), Valencia (5) y Vizcaya (1), por   pertenencia a  organización   criminal, falsedad   documental, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, usurpación del estado civil y contra la seguridad del tráfico.

La Policía Nacional ha intervenido 71 documentos falsos, entre los que se encontraban documentos  de identidad, pasaportes, carnés  de conducir  y permisos de residencia de España (26), Francia (9), Italia (8), Bélgica (9), Alemania (1), Hungría (10), Países Bajos (1), Suiza (1), Bulgaria (3), Marruecos (2) y Argelia (1). Además de 4.300 euros en efectivo, dispositivos electrónicos y diversa documentación relacionada con la investigación.