El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha pedido la dimisión de la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, después de que un trabajador de la organización agraria haya recibido una sanción por participar en un corte de carretera cuando estaba a “cientos de kilómetros de ese lugar”.

Según  ha denunciado el  dirigente agrario, la pasada semana se recibió la notificación de sanción de 500 euros a esta persona por, presuntamente, participar en los cortes de carretera en la N-430, en la rotonda de la carretera de Miajadas con Don Benito, el pasado 22 de febrero.

Lo más increíble de esta denuncia, ha señalado Metidieri, es que este trabajador estaba a cientos de kilómetros, en la zona de Llerena, donde estaba realizando un peritaje en campo. “Es falso y lo vamos a demostrar por vía administrativa y lo vamos a recurrir judicialmente”, para lo que se aportarán todas las pruebas que sean necesarias, al igual que se pedirá conocer en base a qué pruebas ha sancionado la delegación del Gobierno.

Metidieri ha reiterado que es materialmente imposible que tengan constancia de la presencia de una persona en un corte de carretera cuando no estuvo presente.

Para el presidente de APAG Extremadura Asaja,  esta denuncia es un nuevo  intento  de amedrentar a los agricultores y el cumplimiento de la amenaza que realizó la delegada del Gobierno cuando dijo que iba a “caer todo el peso de la Ley “contra los trabajadores del campo, pero, al final, a la que le puede caer todo el peso de la Ley va a ser a la propia delegada del Gobierno y a los instructores de esta sanción.

Metidieri también ha recordado que en los últimos tiempos se ha sancionado a agricultores por las protestas en la Feria de Zafra, se ha prohibido una tractorada en Badajoz y se ha multado a personas que ni han participado en las movilizaciones, todo para intentar coartar la libertad de expresión y amedrentar a los que se manifiestan, algo que no va a conseguir, ha reiterado el presidente de APAG Extremadura Asaja.

Para Metidieri lo que está ocurriendo es un abuso de poder y una actitud sectaria más propia de otros regímenes antidemocráticos. Si la delegada del Gobierno tiene decencia, ha dicho, debe dimitir.

Metidieri ha reiterado que “vamos a utilizar todos los cauces legales” para demostrar que esta sanción no se corresponde con la realidad, para luego pedir todas las responsabilidades que se deban asumir.