El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado el denominado Programa de Colaboración Económica Municipal de Empleo para 2023, que cuenta con una dotación de 49.064.000 euros y permitirá contratar a unos 3.000 trabajadores en servicios de interés general para los ayuntamientos de la región.

Así lo ha anunciado  el portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González, tras finalizar el Consejo de Gobierno celebrado en Mérida.

La finalidad de este programa es la contratación de personas desempleadas pero también la de mejorar la empleabilidad y ayudar los ayuntamientos a prestar mejores servicios en áreas como la educación, la sanidad, los servicios sociales o la conciliación de la vida familiar y laboral, al tiempo que se contribuye a fijar población en el ámbito rural. También ha destacado la participación de las diputaciones provinciales de Badajoz y Cáceres en este programa, al que aportan 12 millones de euros.

"Es necesario dotar de una financiación adecuada a los ayuntamientos", ha indicado González, que aparece en la foto de portada junto a la consejera de Cultura, Nuria Flores.

En relación con el objetivo de fijar población al territorio, el portavoz del Ejecutivo ha señalado que hay dos ejes fundamentales como son disponer de empleo y vivienda. En este sentido, se ha referido a que las dos medidas más destacadas que ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno pertenecen a esas dos áreas.

La Junta de Extremadura ha hechos además un llamamiento a los ayuntamientos de más de 9.000 habitantes para que pusieran suelo público urbanizado a disposición de la administración regional, con el objetivo de llevar a cabo el programa de construcción de viviendas para alquiler asequible en edificios energéticamente eficientes, que está dotado globalmente con 23 millones de euros y está acogido al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

A ese llamamiento, según ha explicado el portavoz del Ejecutivo, han respondido ya tres ayuntamientos, los de Mérida, Cáceres y Montijo, y será Mérida el primero con el que se formalice este contrato que va a permitir incrementar el parque de vivienda destinado a alquiler asequible mediante la colaboración público-privada entre la administraciones autonómica y local y el sector empresarial.