El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas al sector vitivinícola para inversiones materiales e inmateriales en instalaciones de transformación e infraestructuras, así como en estructuras e instrumentos de comercialización, destilación de subproductos de la vinificación y actividades de promoción y comunicación en terceros países. También se incluye la primera convocatoria correspondiente al ejercicio 2023, con una dotación de 5 millones de euros y financiación de la Unión Europea a través del FEAGA. Las ayudas están enmarcadas en la Intervención Sectorial Vitivinícola incluida en el Plan Estratégico de la Política Agraria Común 2023-2027 (PEPAC).

La finalidad de la intervención en inversiones es paliar las debilidades detectadas en el sector vitivinícola, mejorar el rendimiento global de las empresas de este ámbito y su adaptación a las demandas del mercado, potenciar un valor añadido a su producción y aumentar su competencia. Por ello se hace necesaria la implementación de un sistema de ayudas que fomente la mejora de la competitividad del sector del vino extremeño, la información sobre estos productos en materia de calidad, seguridad alimentaria y respeto al medio ambiente, así como su comercialización.

Los destinatarios de estas subvenciones presentarán memoria del proyecto de operación en el que se detallen las acciones y actuaciones que se llevarán a cabo. Sólo serán elegibles las operaciones con un presupuesto de inversión solicitada igual o superior a 100.000 euros.

Se considerarán subvencionables la construcción, adquisición o mejora de bienes inmuebles, la compra de nueva maquinaria y equipos hasta el valor de mercado del producto. Dentro de estos gastos quedan incluidas las inversiones en activos materiales de sistemas que generen energía siempre que la cantidad anual generada no supere la consumida en las instalaciones objeto de la inversión. También se subvencionarán gastos administrativos como honorarios de arquitectura, ingeniería, asesoría y estudios de viabilidad, así como la adquisición o desarrollo de soportes de ordenador, patentes, licencias, derechos de autor y el registro de marcas colectivas.

Las bases reguladoras introducen la novedad de la tramitación electrónica del proyecto y su concesión se tramitará en régimen de concurrencia competitiva. Mediante estas acciones se pretende favorecer el desarrollo sostenible de la agricultura, la alimentación y las zonas rurales para garantizar la seguridad alimentaria de la sociedad a través de un sector competitivo y un medio rural vivo.