La actuación se ha llevado a cabo por parte de una patrulla de Seguridad Ciudadana, compuesta por agentes pertenecientes a los Puestos de Almaraz y Navalmoral de la Mata, en el asentamiento arqueológico de Majadat al-Balat, en el término municipal de Romangordo (Cáceres).

Los agentes observaron a una persona que paseaba por el interior de asentamiento, en la zona de excavaciones arqueológicas. Al entrevistarse con él observaron sus manos manchadas de tierra, por lo que los agentes le preguntaron si había realizado algún tipo de prospección arqueológica en la zona o si disponía instrumentos que pudieran ser utilizados para tal fin, a lo que respondió que no.

La actitud mostrada por esta persona levantó las sospechas de los agentes que, al inspeccionar su vehículo, estacionado a escasa distancia del asentamiento arqueológico, observaron que llevaba un detector de metales y junto a él un pico de los utilizados para excavar en el terreno.

Del mismo modo, guardadas en un compartimento del vehículo, fueron halladas varias monedas antiguas, seis pequeñas y otras dos de mayor tamaño, además, de 3 botones metálicos, una medalla y tres esferas metálicas, todo ello de aparente gran antigüedad.

Por tratarse de unos hechos que pudieran ser constitutivo de una infracción administrativa a la normativa sobre patrimonio histórico y cultural, se procedió a la aprehensión de los objetos que pudieran tener este valor, para su remisión a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura, para su análisis y estudio mediante metodología arqueológica, así como a la aprehensión preventiva del detector de metales.

La Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, prohíbe expresamente el uso de detectores de metales con fines de búsqueda, sin autorización, de restos arqueológicos, además, aunque un caso como el expuesto pueda suponer una infracción administrativa, es importante conocer que los delitos contra el Patrimonio Histórico en los que se causan daños en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, o en yacimientos arqueológicos, se castigan con penas de prisión de 6 meses a 3 años o multa de 12 a 24 meses. Con la misma pena se castigan los actos de expolio en estos últimos (Art. 323 C.P.)