Asaja Extremadura traslada la responsabilidad a la Junta sobre la sequía ante la “nula” respuesta del Gobierno
Asaja Extremadura pedirá a la Junta de Extremadura, en la reunión convocada por la consejera de Agricultura, Begoña García, que sea la administración regional quien asuma la responsabilidad de tomar medidas para paliar el grave problema que están padeciendo los agricultores y ganaderos extremeños ante la “falta de respuesta” del Gobierno Central.
Así ha respondido Ángel García Blanco al anuncio realizado por el Ministerio de Agricultura de rebajar del IRPF el 25 por ciento a los que tributan por el sistema de módulos al tratarse de una medida que se aprueban todos los años por estas fechas y no tiene nada que ver con un tratamiento especial debido a la prolongada sequía que se está padeciendo en el sector agrario. “Son medidas de las cosechas y producciones del año pasado que se publican antes de la declaración de la campaña de la Renta”, ha criticado.
“Necesitamos ya ayudas directas concretas, teniendo en cuenta además que Bruselas permite la aplicación de los fondos europeos para agricultores y ganaderos para este tipo de casos urgentes, por lo que el Gobierno ha dejado pasar una gran oportunidad de ponerse al lado del campo, porque lo que ha anunciado hoy es irrisorio”, ha lamentado García Blanco, quien ha recordado que los seguros no funcionan en muchas de las cosechas.
El presidente de Asaja Extremadura ha subrayado que se ha perdido la totalidad del cereal de secano de esta campaña , la ganadería está sufriendo la inexistencia de pastos junto con un incremento desmesurado de los costes de producción , el olivar tradicional va a tener un segundo año consecutivo sin producción y recuerda que cómo sigan estas temperaturas en primavera en otros sectores se plantea una auténtica ruina.
Además, ha recordado que el sector agrario viene pidiendo, además de ayudas directas, unos seguros adaptados a la realidad climatológica así como una batería de medidas fiscales como exención del IBI, de las cuotas de la seguridad social, créditos blandos a tipo cero y una flexibilización "inmediata" de la aplicación de la Política Agraria Común (PAC), una cuestión en la que también tiene que implicarse el Gobierno de España.