El Tribunal Supremo no ha admitido el recurso de la Junta de Extremadura que intentaba impedir la demolición de Isla Marina de Valdecañas.  Ecologistas en Acción ya ha declarado su satisfacción por este nuevo varapalo judicial a la Junta de Extremadura y a las empresas promotoras de la urbanización ilegal Marina Isla de Valdecañas, en Cáceres.

La consecuencia de la inadmisión de los recursos de casación de la Junta de Extremadura y las promotoras debería ser el inicio de los trabajos de demolición, según han indicado desde esta organización ecologista.

Hace más de quince años que Ecologistas en Acción inició un proceso administrativo y judicial en contra de una urbanización, Marina Isla de Valdecañas, que se diseñó en plena zona Red Natura 2000, un espacio teóricamente protegido y no urbanizable.

En este largo proceso, la Junta de Extremadura acumula un enorme catálogo de sentencias en contra, tal y como recuerdan desde Ecologistas en Acción.

Ahora, el Tribunal Supremo acaba de dictaminar que no admite los recursos de casación de la Junta extremeña ni tampoco de las dos promotoras, Marina Isla Valdecañas, S.A. y Golf Valdecañas, S.L., que pretendían evitar la demolición del complejo. La providencia del Tribunal Supremo, contra la que no se puede recurrir, es contundente: “las alegaciones de los recurrentes insisten en defender la imposibilidad material de ejecución de las sentencias , cuando nuestra sentencia de 9 de febrero de 2022 (…) expresamente declara que ‘no cabe apreciar imposibilidad material de ejecución de las correspondientes sentencias, respecto de todo lo que ya ha sido construido, por la afectación de intereses de carácter socioeconómico o de otra índole’”.

Según Ecologistas en Acción de Extremadura, ahora el paso lógico sería que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) instara a la demolición inmediata de la urbanización ilegal, y así lo va a exigir la organización ecologista.

Los trabajos en la parte no concluida de la urbanización deberían empezar de forma inmediata, mientras que en la parte ya completamente urbanizada el Tribunal Supremo dictaminó también su demolición, aunque el Constitucional admitió a trámite un recurso que aún está pendiente de resolver.

Ecologistas en Acción de Extremadura quiere enfatizar que todo este largo proceso judicial y todos los gastos que van a acarrear se podrían haber evitado si el TSJEx hubiera decretado la paralización cautelar de las obras, apenas iniciadas en 2012, cuando dictó su primera sentencia en contra de Marina de Valdecañas. Sin embargo, en lugar de proceder de ese modo, condicionó la paralización a que las organizaciones ecologistas demandantes (Adenex y Ecologistas en Acción en aquel momento) depositaran una fianza de 41 millones de euros, algo completamente fuera de su alcance, añaden en un comunicado.

Asimismo, la organización ecologista también exige a la Junta de Extremadura que pida disculpas por “su nefasta y cuasi-prevaricadora gestión de este asunto, que recientemente ha llegado a promover una ley para sortear el cumplimiento de estas sentencias”. También reclama que se atienda de forma especial a los habitantes de los municipios afectados por esta urbanización, con las medidas de compensación que se consideren adecuadas.

Resumen proceso judicial

— Marzo de 2009: el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) anula el decreto de ciudades mixtas (una justificación para poder instalar determinadas infraestructuras sanitarias en la isla de Valdecañas).

— Marzo de 2011: el TSJEx anula el Decreto que permitía el PIR de Marina Isla de Valdecañas, destacando “la más absoluta falta de motivación de la justificación del interés regional, de la utilidad pública y, lo que es más decisivo a los efectos de la naturaleza del Proyecto aprobado”, por lo que la isla no era urbanizable. Sin embargo, a causa de la desproporcionada fianza de 41 millones de euros, las organizaciones denunciantes (Ecologistas en Acción y Adenex) no pudieron paralizar cautelarmente las obras de urbanización.

— Enero de 2014: el Tribunal Supremo confirma la sentencia del TSJEx.

— Enero de 2019: el rotundo informe de la Estación Biológica de Doñana determina que la mejor opción ambiental es el desmantelamiento de lo construido, y destacan la ínfima calidad de la evaluación ambiental realizada.

— Noviembre de 2019: el Tribunal Constitucional declara inconstitucional el cambio de la Ley de Suelo extremeña, que intentaba legalizar la urbanización a posteriori. La Red Natura 2000 no es urbanizable.

— Junio de 2020: el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura dicta ejecución de sentencia: se demolerá todo lo que está a medio construir y se mantendrá lo terminado por “imposibilidad material” de demolerlo.

— Febrero de 2022: el Supremo dicta la demolición de todo lo construido en el complejo turístico.

— Marzo de 2023: la Junta de Extremadura aprueba la Ley 2/2023, "por la que se regulan determinados aspectos de la Red ecológica europea Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de Extremadura" con la indisimulada intención de intentar legalizar una urbanización declarada ilegal en todas las instancias judiciales.