Un empresario denuncia a la portavoz de Unidas Podemos de Cáceres por injurias
El empresario, Antonio García Camisón ha reclamado una indemnización de 20.000 euros por daños a su honor, según han confirmado fuentes municipales.
El empresario Antonio García Camisón, conocido por instalar una pista de hielo y diversas atracciones navideñas en la Plaza Mayor y el Foro de los Balbos de Cáceres en las navidades de 2023, ha presentado una denuncia por presunto delito de injurias y calumnias contra la portavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento cacereño, Consuelo López Balset.
La denuncia surge a raíz de unas declaraciones realizadas por la edil de la formación morada sobre una supuesta deuda de García Camisón con el consistorio, relacionada con el impago de tasas públicas.
El empresario ha reclamado una indemnización de 20.000 euros por daños a su honor, según han confirmado fuentes municipales.
En respuesta, López ha solicitado al Ayuntamiento que le proporcione asistencia letrada para el acto de conciliación al que ha sido citada.
El portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz, ha informado en rueda de prensa que la Junta de Gobierno ha aprobado concederle esta asistencia, amparándose en el artículo 102 del Reglamento de Organización Municipal (ROM), que garantiza a los concejales el apoyo jurídico necesario para el ejercicio de sus funciones.
López estará representada por el abogado Emilio Cortés. Orgaz ha señalado que, si el caso termina en juicio y la portavoz resulta condenada, deberá asumir las costas del proceso. Por el momento, Unidas Podemos ha confirmado que la edil no ofrecerá declaraciones mientras el caso esté judicializado.
Los hechos se remontan a cuando el grupo municipal de Unidas Podemos denunció públicamente que se había eximido al empresario del pago de la tasa por ocupación de la vía pública y que este mantenía una deuda de unos 52.000 euros con el Ayuntamiento.
Ante esto, García Camisón emitió un comunicado donde aclaró que la deuda real ascendía a 34.900 euros, tras compensar una factura pendiente, y aseguró haber solicitado un fraccionamiento del pago, encontrándose en negociaciones con el consistorio para regularizar la situación.
El caso continúa su curso legal mientras se mantiene la polémica en el escenario político cacereño.