La Junta de Extremadura que preside María Guardiola tendrá que hacer frente al pago de al menos 154 millones de euros que deberían haber sido financiados con cargo a los fondos europeos y que deberá pagar el actual ejecutivo por no ser susceptibles de ayuda.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha denunciado en su comparecencia en el pleno de la Asamblea de Extremadura la insuficiente ejecución de los fondos europeos y ha asegurado que el nuevo Gobierno de la Junta está realizando un "trabajo titánico" para no perder esos fondos europeos.

Con respecto a este asunto, la titular de Hacienda ha asegurado que al acceder a su cargo han encontrado un gasto no elegible de unos 154 millones de euros, es decir, un importe del que no se obtendrá reembolso y que deberá ser pagado con cargo a los fondos propios de la comunidad autónoma de Extremadura.

Este hecho se ha producido porque buena parte del gasto comprometido no es de calidad, lo que significa que será considerado como no elegible e imposible de certificar.

Pero este controvertido asunto no es el único que ha detectado la Dirección General de Fondos Europeos. Así, respecto a la ejecución de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, Next Generation, solo se ha ejecutado un porcentaje inferior al 20 por ciento, y de los 752 millones de euros asignados se han pagado únicamente 147 millones de euros. La Junta considera que se trata de "un escasísimo grado de ejecución que pone en grave riesgo el cumplimiento de los hitos y objetivos marcados".

Los gastos originados por el Programa Operativo FEDER 14-20, el Fondo Social Europeo (FSE) y el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) tendrían que estar pagados a fecha de 31 de diciembre de 2023, mientras que los correspondientes al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, conocidos como fondos Next Generation, cuentan con algo más de margen. Pero ahora el ejecutivo de María Guardiola tan solo dispone de ocho meses para certificar más de 423 millones de euros, cuando la media de certificación del anterior gobierno fue de 152,8 millones de euros al año.

SE HA TRABAJADO POCO

Si hay algo que se deduce de los datos aportados por Elena Manzano es que el ejecutivo de Fernández Vara trabajó poco. A fecha de 31 de julio de 2023, el Programa Operativo FEDER se encontraba al 69,49 por ciento de gasto público certificado, con un montante de más de 290 millones de euros pendientes de certificar. A esta fecha se encontraban comprometidos 244 millones de euros pendientes de reconocimiento de la obligación y, por tanto, pendientes de pago.

El Fondo Social Europeo de Extremadura 2014-2020 se encuentra al 75,31 por ciento de ejecución y quedan pendientes de certificar más de 105 millones de euros, mientras que el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) está al 63,14 por ciento, con más de 28 millones de euros pendientes de certificar.

Resulta especialmente llamativa la escasa atención que el Gobierno de Vara prestó a las víctimas de violencia de género, convertidas en instrumento de utilización política durante su mandato. Así, de los 3,38 millones de euros que se habían destinado para crear cuatro centros de atención permanente para mujeres víctimas de malos tratos sólo de gastaron 5.900 euros. A ello se unen las dos convocatorias de ayudas a la conciliación que quedaron sin gastar.

También se perderán 14,6 millones de euros del plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos y al fomento de la economía circular, a pesar de que había una dotación económica de casi 20 millones de euros; o el Plan de apoyos y cuidados de larga duración, que contaba con una asignación de 38,9 millones de euros de los que solo se han comprometido 276.482 euros.

La consejera de Hacienda y Administración Pública ha considerado que hubo "inacción" del anterior Gobierno y esto también supondrá que tengan que ser pagados y asumidos con fondos de la comunidad autónoma proyectos tan notorios como la Ronda Sur de Cáceres, que debría haber sido financiada por el programa FEDER, y que le supondrá a Extremadura unas pérdidas de 20 millones de euros.

Elena Manzano ha recordado al anterior ejecutivo que los fondos europeos "son uno de los principales recursos destinados a corregir las desigualdades y desequilibrios de Extremadura" y ha acusado al Gobierno de Fernández Vara de no aprovechar el tiempo que han tenido durante más de 7 años que obligará a trabajar a marchas forzadas para intentar justificar todo lo posible en un plazo máximo de 8 meses.