El Ayuntamiento de Talayuela ha aprobado un plan antifraude con el objetivo de velar por la utilización adecuada de los fondos comunitarios mediante los que se financia el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como para garantizar que las ayudas concedidas se utilizan de conformidad con las normas aplicables.

El ayuntamiento ha establecido unas directrices para el conjunto de las personas que presta sus servicios en el organismo y, particularmente, para que las diferentes unidades implicadas puedan reforzar los procedimientos ya existentes para la prevención, detección y lucha contra el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, ajustándose estrictamente a lo que en relación con esta materia establece la normativa española y europea.

Este plan, aprobado en la última sesión plenaria, es el punto de partida de una serie de actuaciones para la mejora continua que le permita posicionarse a favor de la cultura ética, con tolerancia cero hacia la corrupción, lo que redundará en una mejora del control interno y
externo, tanto de los presupuestos públicos, como de los procedentes del presupuesto financiero de la Unión Europea.

El plan se estructura en cuatro apartados: prevención, detección, corrección y persecución, con el propósito de promover una cultura que ejerza un efecto disuasorio para cualquier tipo de actividad fraudulenta, haciendo posible su prevención y detección, y desarrollando
unos procedimientos que faciliten la investigación del fraude y de los delitos relacionados con el mismo, que permitan garantizar que tales casos se abordan de forma adecuada y en el momento preciso.

Para ello, una Comisión Antifraude se reunirá una vez cada tres meses, salvo que precise convocar una reunión extraordinaria, porque se
haya producido un asunto de especial relevancia, con carácter de urgencia que requiera una decisión inmediata. También se reunirá la Comisión Antifraude en sesión extraordinaria si recibe un requerimiento de información por parte de la autoridad responsable, autoridad de control o cualquier otra autoridad pública competente, Ministerio Fiscal o Juzgado o Tribunal.

Con esta medida, el ayuntamiento pretende controlar de forma eficaz las licitaciones públicas, los conflictos de intereses o los fraccionamientos de gastos, entre otras cuestiones.