La Comisión Europea ha publicado la lista de “proyectos estratégicos” bajo el Reglamento de Materias Primas Fundamentales. La consideración de proyecto estratégico permite la tramitación acelerada de permisos de explotación e impide una participación efectiva de las poblaciones locales. Estos proyectos también tendrán un estatus prioritario en procesos administrativos y judiciales y recibirán ayuda de la Comisión Europea para obtener financiación.

"Otro aspecto muy preocupante es que una parte muy importante de los yacimientos de los llamados minerales críticos se encuentran muy cerca o dentro de zonas de protección (espacios naturales, cauces y masas de agua, Montes Públicos, vías pecuarias) y los proyectos seleccionados podrán considerarse de interés público superior, debilitando la aplicación de las diferentes categorías de protección", comentaron desde la plataforma Sierra de Gata Viva.

Ante la negativa de los organismos europeos a facilitar información básica relativa a estos proyectos mineros, 230 organizaciones han escrito una carta a la Presidenta Metsola y a los Grupos Políticos en el Parlamento Europeo Parlamento solicitando que se les permita ejercer su derecho de acceder a la información pública y ambiental.

Para las organizaciones firmantes esta falta de transparencia arroja incertidumbre sobre los criterios aplicados para otorgar a determinados proyectos, una calificación que les otorgará privilegios económicos y administrativos, tales como la tramitación acelerada de concesión de autorizaciones. Además, supone una vulneración del Convenio de Aarhus sobre información, participación de las comunidades y justicia ambiental.

Las organizaciones advierten que las actuales políticas sobre minerales críticos, lejos de garantizar una transición ecológica justa, ahondan en las desigualdades sociales y territoriales existentes y pueden aumentar la desafección hacia las políticas climáticas.

Demandan una revisión de los proyectos estratégicos seleccionados de forma que se garantice que no recibe esta calificación ningún proyecto con malas prácticas ambientales y sociales, ni proyectos ubicados en espacios naturales protegidos, así como en otros que hayan sido merecedores de protección incompatible con las actividades extractivas. 

Las organizaciones y plataforma españolas firmantes de la carta denuncian, además, que en España se hayan escogido minas con un amplio historial de irregularidades y malas prácticas ambientales, como son las de Las Cruces (Sevilla), La Parrilla (Cáceres) y Aguablanca (Badajoz), y proyectos con amplia contestación social por sus previsibles impactos como los de Las Navas (Cáceres), Doade (Ourense) y El Moto (Ciudad Real). 

Por otro lado, la solicitud del Proyecto de Investigación “Esperanza”, que afecta a 7 municipios de la Sierra de Gata, se encuentra en fase de información pública. Los vecinos de estas localidades (Cadalso, Gata, Hernán Pérez, Santibáñez el Alto, Villa del Campo y Villasbuenas de Gata) están llevando a cabo una amplia contestación y movilización social a este proyecto. Se están recogiendo y presentando miles de firmas y alegaciones. La oposición al proyecto es unánime en la comarca, con todos los alcaldes de estos municipios posicionándose en contra y con múltiples acciones colectivas por parte de los vecinos (mesas de información y recogida de firmas en todos los pueblos, charlas informativas con asistencia multitudinaria y grupos de trabajo organizando las acciones de la plataforma vecinal).

"El proyecto 'Esperanza' que afecta a Sierra de Gata es un intento de expoliar el entorno de esta comarca catalogada por la Unión Europea como zona de sacrificio. La amenaza minera planea sobre nuestras tierras desde hace tiempo y se ha ido topando sistemáticamente con el rechazo unánime no solo de los y las serragatinas, sino de todos aquellos visitantes e este reducto de naturaleza conocido y respetado por sus aguas abundantes y cristalinas, sus fauna y flora apabullantes y por sus cielos límpidos. Este entorno natural privilegiado, cuidado y defendido por sus habitantes, ha sido durante mucho tiempo objetivo tanto de políticas de fomento de la repoblación, como de promoción turística, por lo que, este giro de las políticas europeas, estatales y autonómicas resulta incomprensible, absurdo e intolerable", han dicho.

"Sierra de Gata vive de la agricultura, la ganadería, el turismo y de un comercio floreciente que gira alrededor de estas actividades económicas; así pues, la calidad de la tierra, el agua y el aire son fundamentales para nuestro desarrollo económico: toda aquella actividad económica que agreda nuestro territorio está socavando nuestra subsistencia.", aseguraron.

"Por todo ello, desde la Plataforma Sierra de Gata viva, exigimos transparencia, información, coherencia y respeto por la voluntad de la población local a la hora de tomar decisiones políticas y administrativas que rijan nuestro día a día y determinen el futuro de nuestros hijos. La ley nos reconoce el derecho a la información y nos ampara en la exigencia de políticas transparentes", finalizaron desde la plataforma.