Los servicios jurídicos de Ecologistas en Acción de Extremadura están estudiando la posibilidad de presentar una querella contra el Gobierno de Fernández Vara por haber dictado varias resoluciones administrativas en relación con el regadío de Tierra de Barros a sabiendas de que el proyecto era inviable y carecía de sustento legal alguno.

La asociación ecologista recuerda que fue la única organización que presentó alegaciones contra el proyecto de regadío en Tierra de Barros por su inviabilidad medioambiental y económica, explican en una nota de prensa.

Además, en la asociación, entienden que “a pesar de que la Junta se había comprometido con Bruselas en no sacar el proyecto de regadío adelante, iniciaron los procesos expropiatorios para llevarlo a cabo en Tierra de Barros, habiendo sufragado importantes cantidades de dinero, no solo en funcionarios dedicados al proceso de expropiaciones, sino que además se pagó con dinero público a los propietarios los depósitos de ocupación previa de los terrenos que iban a ser expropiados, lo cual podría constituir un delito de malversación de caudales públicos”, expresan en nota de prensa.

Hay que recordar que Ecologistas en Acción de Extremadura criticó desde el primer momento este proyecto que no tenía ningún sentido desde un punto de vista económico, ya que ni siquiera se había planteado un proceso de concentración parcelaria necesario para facilitar el regadío, ni tampoco medioambiental.

Y todo ello, continúan explicando, “cuando la escasez de agua en el Pantano de Alange y en la Presa de los Molinos impedía cualquier proyecto de regadío, aunque fuese de apoyo, como se decía por parte de la Comunidad de Regantes y el propio gobierno autonómico de Fernández Vara”.

De hecho, el tramo existente entre la Presa de los Molinos y el Pantano de Alange prácticamente está seco durante todo el año por la falta de agua, incumpliendo así la Confederación Hidrográfica del Guadiana incluso la obligación de mantener el caudal ecológico necesario para la subsistencia de especies animales y vegetales en el entorno de los, aproximadamente, 40 km que distan entre una presa y otra.

Ecologistas en Acción de Extremadura alertaba, que “este proyecto era una auténtica estafa política y que los agricultores que se involucrasen en el mismo podrían perder las inversiones que realizaran”.

La asociación conservacionista sigue sin entender “cómo la Confederación Hidrográfica del Guadiana no ha tenido la seriedad y transparencia suficientes para advertir de que no había previsión hídrica para el proyecto de regadío en Tierra de Barros en el actual Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadiana”, finaliza la nota de prensa.