Las protestas de los agricultores han obligado a posicionarse a algunos de los principales dirigentes políticos de Extremadura que, aunque han coincidido a la hora de considerar justas sus reivindiaciones, han reaccionado de distintas formas a la hora de calificar los hechos.

Las tractoradas han mostrado la cara y la cruz de algunos políticos después de que el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, reconociera abiertamente que se están imponiendo multas por las manifestaciones de los agricultores por considerar que no están «comunicadas ni autorizadas». También ha advertido que detrás de estas protestas hay una responsabilidad de quienes participan en ellas y que «va a haber sanciones a las personas que se identifique oportunamente».

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna (PSOE), ha sido claro a la hora de pronunciarse en lo que el sector ha entendido como una amenaza: todos los tractores que pasaron por el casco urbano de la ciudad el martes serán sancionados por inclumplir las ordenanzas municipales y no tener la autorización de la Delegación del Gobierno.

Osuna ha reconocido que en su pasado como sindicalista protagonizó numerosas protestas, pero ha asegurado que siempre con autorización. Sin embargo en este caso, y al no disponer del visto bueno de la Delegación del Gobierno, el alcalde ha dado instrucciones a la Policía Local para que tome nota de la matrícula de todos los tractores, cuyos propietarios serán propuestos para sanción.

En contra de lo indicado por el fiscal de Seguridad Vial de Extremadura, Diego Yebra, Osuna ha indicado que "la gente no puede manifestarse sin autoridad porque cometen un delito, y pueden cometer también indirectamente delitos contra la seguridad vial". Casi al mismo tiempo, el fiscal de Seguridad Vial apuntaba lo contrario: tal y como se están produciendo las protestas no ve trascendencia penal en la actitud de los agricultores extremeños.

El delegado de Policía Local de Mérida, Felipe González, ha justificado las sanciones en el hecho de que los tractores que atravesaron Mérida circulaban a una velocidad "anormalmente reducida, sin causa justificada, entorpeciendo la marcha de otros vehículos", tal y como se recoge en el artículo 49 apartado 1 del Reglamento de Circulación.

La cruz de la moneda se ha dado en Cáceres, donde la Policía Local ha informado que no sancionará a los agricultores que circularon por el centro de la ciudad porque la protesta se desarrolló sin incidentes y "no hubo ningún tipo de incumplimiento" de la normativa.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos (PP), ha asegurado que las protestas se realizaron en coordinación con el dispositivo de seguridad que se puso en marcha y, aunque se produjeron algunas retenciones, no se obstaculizó el tráfico. Mateos ha aclarado que no es partidario de multar a quien se manifiesta reivindicando derechos, sino a quien incumple las normas de circulación o la normativa en vigor.

También ha insistido en que la manifestación fue pacífica, hubo coordinación con la Policía Local y la protesta se caracterizó por el buen comportamiento de los manifestantes y su comprensión a la hora de seguir las recomendaciones que les indicaron.

Las fotos fijas de Mérida y Cáceres son idénticas y en ambos casos se trata de vehículos especiales con la señalización V2, que es la que establece el reglamento de circulación, que circularon a una velocidad correcta y que no obstaculizaron el tráfico. Sin embargo en Mérida habrá sanciones y en Cáceres no.

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