El Gobierno de Pedro Sánchez está dispuesto a mejorar la financiación de las administraciones territoriales y a debatir sobre la reforma del modelo de financiación autonómica, pero ha advertido que los distintos territorios también tienen que hacer cesiones.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha expuesto este jueves en su comparecencia en el Senado las líneas generales del Ministerio y se ha mostrado partidaria de mejorar la cohesión social y territorial y, de manera especial, la financiación de los territorios, tanto autonómicos como locales.

El Gobierno reconoce que la financiación autonómica es "el gran debate pendiente" desde hace años, pero ha dejado claro que las comunidades autónomas tienen que "dejar a un lado las posiciones maximalistas".

"Para avanzar en un acuerdo, las partes siempre deben ceder en algo", ha aseverado Montero, quien apuesta por un modelo que garantice la igualdad de los españoles, vivan donde vivan, y donde el sistema aporte la suficiencia financiera que requieren las administraciones autonómicas para hacer frente a sus competencias. Por ello, ha reiterado su oferta a los grupos parlamentarios para abordar este debate sobre la reforma del modelo "con honestidad y desde el punto de vista racional".

El ejecutivo de María Guardiola sostiene que el Fondo de Compensación Interterritorial, destinado a la corrección de desequilibrios interterritoriales, tiene una dotación irrisoria de 432 millones de euros y no se revisa desde el año 2014. La consejera extremeña de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ya indicó en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el pasado mes de diciembre en Madrid que la inversión se destina a otros territorios tradicionalmente más beneficiados, y perjudica a Extremadura.

En su comparecencia en el Senado, la vicepresidenta primera del Gobierno ha dicho que el Ejecutivo va a seguir mejorando los recursos de las administraciones territoriales porque son los que prestan la mayoría de los servicios públicos fundamentales, como la sanidad, la educación, la dependencia o la vivienda. Según sus datos, las comunidades autónomas recibirán un 14,9% más de recursos que en 2023, y las entidades locales, un 22,6% más.

Pero sus palabras chocan con las de la consejera extremeña, para quien "nunca haya habido un interés real" de reformar todo el sistema de financiación autonómica y de poner encima de la mesa todas las variables. Elena Manzano ya advirtió a la ministra que desde Extremadura se va a seguir exigiendo "suficiencia financiera" porque "los extremeños tienen derecho a recibir servicios públicos de calidad: educación, sanidad y servicio sociales en igualdad de condiciones que el resto de territorios".

ACUERDO EN EXTREMADURA

El pasado 22 de febrero, los cuatro grupos políticos con representación en la Asamblea de Extremadura -PP, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura- alcanzaron un acuerdo inédito para avanzar en una propuesta común en materia de financiación autonómica favorable a los intereses de la región.

A través de una declaración institucional reclaman "una financiación adecuada" que "garantice la disposición de recursos suficientes e impulse un crecimiento cohesionado" de la región para lograr una equidad territorial. Extremadura ha sido la primera comunidad autónoma en reclamar un debate "en un foro multilateral" con representación de todas las regiones y el Estado.

La declaración institucional defiende la mejora del Estado del Bienestar y de los servicios y políticas públicas gestionados por las administraciones autonómicas, como la sanidad, la educación y los servicios sociales, pero también recursos suficientes para otros servicios no considerados fundamentales pero que son de gran valor para el desarrollo socioeconómico.

El modelo extremeño aboga porque se tengan en cuenta aspectos como la superficie territorial, la densidad de población o el envejecimiento, junto a una serie de medidas que contribuyan al desarrollo económico sostenible y a la lucha contra la despoblación en el mundo rural.

Con estas y otras medidas podrían cubrirse las carencias que padecen determinados territorios en comunicación e infraestructuras, así como suplir el aislamiento que sufren y el grave desequilibrio que este hecho ha provocado en su desarrollo económico e industrial.

La declaración de Extremadura reclama inversiones complementarias para acelerar el proceso de convergencia y cohesión destinadas a las regiones que presenten un nivel de desarrollo inferior a la media de forma coordinada con la reforma del sistema de financiación local.

En la imagen, la presidenta extremeña, María Guardiola, junto a un grupo de diputados, en la sesión constitutiva de la Asamblea de Extremadura el pasado verano.