El cierre del colegio privado-concertado La Inmaculada y San Ignacio de Las Hermanas de la Cruz en Villafranca de los Barros ha desatado un intenso debate sobre el modelo educativo en Extremadura. La institución, que segregaba por sexos y no cumplía con los ratios mínimos de alumnos, ha cesado su actividad debido a la falta de matriculación.

Este hecho ha sido aplaudido por organizaciones que defienden la educación pública, quienes denuncian que el centro llevaba años incumpliendo la normativa y que su cierre se ha producido gracias a la iniciativa de la congregación religiosa. Según estas voces, la Junta de Extremadura ha mantenido durante años conciertos educativos innecesarios con centros privados, despilfarrando fondos públicos y perjudicando a la educación pública.

La Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE) establece la prioridad de la educación pública y la necesidad de garantizar plazas suficientes en los centros públicos para toda la población escolar. Sin embargo, en Extremadura persisten numerosos conciertos educativos, incluso en niveles donde la demanda está cubierta por la red pública.