El exalcalde socialista de Talayuela accedió con su clave a expedientes protegidos tras dejar el cargo
El exalcalde de Talayuela, Ismael Bravo (PSOE), ha accedido a medio centenar de expedientes municipales protegidos en la plataforma Gestiona utilizando su certificado electrónico a pesar de haber abandonado su cargo tras las elecciones municipales de 2023.
El exalcalde de Talayuela, Ismael Bravo (PSOE), ha accedido a medio centenar de expedientes municipales protegidos en la plataforma Gestiona utilizando su certificado electrónico a pesar de haber abandonado su cargo tras las elecciones municipales de 2023.
El Partido Popular (PP) y el PSOE se han cruzado esta jornada acusaciones sobre este asunto y mientras los populares amenazan con poner el asunto en manos de la Fiscalía de Extremadura, los socialistas aseguran que el exalcalde, hombre fuerte de Miguel Ángel Gallardo en la ejecutiva regional, ha actuado dentro de la legalidad.
Es más, Ismael Bravo, actual portavoz socialista en el Ayuntamiento de Talayuela, presentó el lunes una demanda de conciliación contra el actual alcalde, el popular Roberto Baños, por considerar que ha vertido "acusaciones falsas sobre violación de seguridad de datos personales de vecinos".
Los hechos que han generado la polémica se descubrieron el pasado 25 de septiembre, cuando el equipo de gobierno tuvo conocimiento de que el exalcalde llevaba más de un año recibiendo en su correo electrónico notificaciones de asignación a expedientes y registros dentro de la plataforma Gestiona.
Ismael Bravo ha reconocido que accedió a los expedientes porque el ayuntamiento se lo asignaba con su nombre y apellidos. Así, utilizando su certificado electrónico, pudo tener conocimiento del contenido de aproximadamente medio centenar de asuntos de vecinos, supuestamente sin contar con la debida autorización.
Según el PP, el exalcalde accedió a un número ilimitado de expedientes de urbanismo, tráfico, empleo o personal municipal, entre otros, por lo que puso en marcha un protocolo para el cumplimiento de las obligaciones de la protección de datos de carácter personal y ha cumplido con su deber de informar a los perjudicados que han sido objeto de una violación de sus datos personales.
Ha sido cuando los afectados han recibido esa notificación del ayuntamiento cuando Ismael Bravo se ha personado en el Juzgado de Paz de Talayuela para defender "su derecho de acceder a la documentación obrante en el consistorio para el ejercicio de la actividad de control de los órganos de la corporación".
El PSOE de Cáceres ha asegurado que Ismael Bravo accedió "legalmente a la plataforma Gestiona, utilizando el certificado electrónico personal, que era a quién iba dirigida todas las notificaciones", y en ningún momento se le restringió el acceso.
El equipo de gobierno ha informado a los ciudadanos afectados que se desconoce la utilización que pudiera haberse hecho de esos datos no autorizados, pero el portavoz socialista amenaza con presentar una querella criminal por injurias y calumnias graves con publicidad contra el actual alcalde. Además, en su demanda de conciliación solicita a Roberto Baños que se retracte públicamente y reclama una indemnización de 15.000 euros "por los perjuicios morales derivados de estos hechos".
PROTOCOLO DE VIOLACIÓN DE DATOS
Ismael Bravo dejó la alcaldía tras las elecciones municipales de mayo de 2023 y ha reconocido que desde entonces, en su condición de portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Talayuela, accedió durante un año y medio a los expedientes de la plataforma Gestiona utilizando su certificado electrónico personal.
El PP de Cáceres ha explicado que el equipo de gobierno siguió el protocolo al informar a los ciudadanos afectados, a quienes ha comunicado en los últimos días que se desconoce la utilización que pudiera haberse hecho de esos datos no autorizados.
Los populares sostienen que "las pruebas, informes y datos recopilados desde el personal del ayuntamiento son claros y dan cabida a entender que alguien ha accedido a expedientes de la plataforma Gestiona sin estar autorizado, tal y como se ha comunicado a los afectados".
También han destacado que se ha producido "una violación a la intimidad y a la protección de datos que desde el Partido Popular se consideran graves", por lo que su departamento jurídico está estudiando si son actuaciones constitutivas de delito para ponerlos en manos de la Fiscalía de Extremadura.
A través de un comunicado, el PP ha asegurado que este tipo de actuaciones no son nuevas y asegura que, "como ya ha sucedido en otras localidades de la provincia, parece ser que algunos dirigentes socialistas no han asumido aún el lugar en donde les pusieron los ciudadanos en las elecciones de mayo de 2023 y no dudan en usar malas artes para acceder a información con la que atacar sin ningún tipo de ética".