El hermano de Sánchez se lleva por delante a Gallardo y a siete imputados más
Todos están citados en calidad de investigados en un caso abierto por los presuntos delitos contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias y contra la Hacienda Pública.
El caso del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, que comparecerá el próximo 9 de enero en sede judicial por la presunta comisión de un delito contra la Administración Pública, se ha llevado por delante al secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y a siete investigados más.
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, ha decidido citar como imputado a David Sánchez Pérez Castejón, hermano del presidente del Gobierno, y a otras ocho personas más, acusadas de supuestas irregularidades cometidas durante el proceso de contratación del músico en la Diputación de Badajoz.
David Azagra, como se hace llamar, comparecerá después de que la jueza haya considerado que existen indicios racionales de al menos un delito contra la Administración Pública después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analizase los correos incautados en la institución provincial que preside el también investigado Gallardo.
Los investigados deberán aclarar cómo el hermano del presidente del Gobierno accedió a su puesto de director de Artes Escénicas en julio de 2017 por parte de la Diputación de Badajoz.
Entre los imputados llamados a declarar el 9 de enero se encuentran María Emilia Parejo Gala, coordinadora de la Delegación del Área de Igualdad de la Diputación de Badajoz o Francisco Martos Ortíz, alcalde socialista de Castuera.
También han sido citados Félix González Márquez, jefe de sección de Gestión Administratica y Asuntos Generales de la Delegación de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo; Manuel Candalija Valle, director del área de Cultura, Deporte y Juventud, o Juana Cinta Calderón Zazo, directora de Recursos Humanos y Régimen Interior de la institución provincial.
Completan el listado Cristina Núñez Fernández, que era en el momento de la contratación diputada delegada del área de Cultura y Elisa Moriano Morales, a la que la formación política Vox propuso este verano para que informara en la Asamblea de Extremadura de este procedimiento de contratación.
Todos están citados en calidad de investigados en el caso abierto en su día por presuntos delitos contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias y contra la Hacienda Pública.
Además deberán comparecer en calidad de testigos varias personas más para intentar esclarecer si hubo trato de favor en su contratación.
De forma paralela, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz ha ordenado a la entidad bancaria BBVA que confirme si el hermano de Sánchez tiene 1,4 millones de euros en una cuenta bancaria. La jueza ha requerido información sobre el valor nominal de los depósitos de acciones del hermano de Pedro Sánchez entre 2017 y 2023, tras detectar posibles diferencias en las declaraciones de bienes presentadas en su día a la Diputación de Badajoz.
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