Este lunes entra en vigor el Real Decreto que establece nuevas obligaciones para el registro de viajeros en alojamientos, agencias de viajes y empresas de alquiler de vehículos. Esta obligación, justificada por razones de seguridad según el Ministerio del Interior, amplía la cantidad de datos requeridos a los clientes, pasando de 21 a 42. La medida ha sido objeto de diversas críticas por parte del sector turístico, que denuncia una carga administrativa excesiva y una posible vulneración de la privacidad de los clientes.

Se trata de unos datos que, a su vez, tendrá que comunicar el establecimiento al Ministerio del Interior a través de una aplicación llamada 'ses.hospedajes'. No solo serán los hoteles y las agencias si no cualquier tipo de alojamiento de tipo turístico, donde se incluyen también las plataformas digitales, así como las alquiladoras de vehículos sin conductor.

De hecho, ellas también tendrán que aportar datos como su nombre, DNI o CIF, municipio, provincia, teléfono, dirección de correo electrónico, web de la empresa, datos del establecimiento y otros de la transacción, como el tipo de pago, número de viajeros y relación de parentesco, el titular del medio de pago o la fecha de caducidad de la tarjeta bancaria, entre otros.

La reacción del sector turístico en Extremadura se ha notado durante estos días, en la celebración del último Congreso Regional de Turismo. La consejera de Turismo, Victoria Bazaga, ha reconocido las inquietudes de los empresarios, “el sector de lo que se queja es el tiempo que le va a tener que dedicar y lo incómodo que es para el turista tener que pasar por una situación en la que tiene que estar contando muchas cosas. Yo creo que mientras el sector clame que no lo quiere, alguna razón habrá”, ha afirmado Bazaga.

Diversos empresarios del sector turístico extremeño expresan su malestar, incidiendo que, aunque la seguridad es importante, expresan su preocupación por la posible invasión a la privacidad de los clientes, generando conflictos con los viajeros.

A nivel nacional, las agencias críticas, representadas por las asociaciones Ceav, Fetave, Acave y Unav, alegan que un 95% son pymes y en muchos casos con un solo empleado, con lo que deberán prorrogar tiempos de trabajo. Además, alertan sobre la posibilidad de que provoque cierres y un hipotético encarecimiento del precio de los viajes, y ya preparan acciones legales para impugnar el decreto, argumentando su incompatibilidad con la normativa europea y los principios de protección de datos.