La primera jornada de declaraciones ante la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, en el caso que se investiga a David Sánchez-Pérez Castejón y su puesto en la Diputación de Badajoz, por posibles delitos contra la Administración Pública y la Hacienda Pública, prevaricación, tráfico de influencias y malversación, ha dejado importantes novedades en el caso.

Este miércoles ha tenido lugar declaración, a puerta cerrada, y en calidad de testigos, del anterior director y la actual directora del Conservatorio Superior de Música de Badajoz, Evaristo Valentí y Rosario Mayoral, y de la directora del Conservatorio Profesional de Música Juan Vázquez de Badajoz, Yolanda Sánchez.

Además, también han declarado como testigos-peritos, la inspectora regional de Extremadura de la Agencia Tributaria, el jefe de la Dependencia Regional de Gestión Tributaria de Extremadura, y la delegada Especial de la Agencia Tributaria de Extremadura.

Durante casi cuatro horas han declarado los tres responsables de los conservatorios desde 2017 hasta la actualidad y durante otras casi dos los tres máximos responsables de Hacienda, que no firmaron ni fecharon el informe que les pidió la juez sobre el presunto incremento patrimonial del hermano del presidente del Gobierno, por lo que han sido recriminados durante la sesión por la propia magistrada.

El primer testigo en declarar ha sido el ex director de uno de los Conservatorios, Evaristo Valentí, que ha admitido que desconoce dónde se encuentra ubicada la Oficina de Artes Escénicas, lugar donde tendría que ejercer su función David 'Azagra' al ser el responsable de la misma desde diciembre de 2022 cuando se le cambió la plaza de alta dirección.

Según han explicado diversas fuentes presentes en la sala de declaraciones (han sido a puerta cerrada y la prensa no ha podido estar presente), Valentí se ha ratificado en que él se posicionó en contra de la creación de la plaza de coordinador de conservatorios porque había "otras necesidades más importantes", tal y como queda reflejado en los correos. También ha asegurado que David Sánchez ha realizado un trabajo satisfactorio en su puesto, aunque el puesto no era "imprescindible".

En cuanto a la declaración de las directoras de los Conservatorios, esta ha girado en torno al borrado de los correos electrónicos corporativos que intervino la UCO en tres registros realizados en julio del año pasado en la sede central de la Diputación de Badajoz y en el que se analizaron los mensajes entre los nueve altos cargos de la institución que están imputados, entre ellos el de David Sánchez Pérez-Castejón y el del presidente de la Diputación y líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.

En el informe de la UCO, se especifica que tras capturar más de 8.200 correos, faltan algunos, ya que se produjo un borrado de una parte temporal de los correos de las directoras de los Conservatorios, María del Rosario Mayoral, del 'Bonifacio Gil' y de Yolanda Sánchez, del 'Juan Vázquez', a lo que las dos han reconocido que desconocen el por qué no se encuentran esos correos. 

Ambas han declarado también que no mantienen relación profesional con David Sánchez, aunque es su superior jerárquico, a lo que las dos han reconocido no saberlo, y se les ha mostrado un organigrama de la Diputación de Badajoz, expresando las dos su ignorancia a ese respecto.

En cuanto a la declaración de los tres altos cargos de Hacienda que han intervenido durante las testificales ante la juez Beatriz Biedma, han confirmado que era la primera vez que hacían un informe similar para un juzgado.

La juez ha comenzado haciendo la misma pregunta a los tres testigos, “¿por qué no habían firmado el informe remitido al juzgado sobre la investigación tributaria al hermano del presidente del Gobierno?”, a lo que los tres han respondido que "es lo normal", a lo que la jueza les ha preguntado cuántos informes habían realizado para los juzgados y los tres han respondido que “es el primero”.

La juez instructora reclamó el pasado 2 de septiembre la identidad del funcionario que había hecho el informe de 31 folios sin firma digital, ni número de funcionario, que había recibido tras una petición del 18 de junio de 2024 vía oficio judicial. 

Lo habitual es que a requerimiento judicial ese tipo de informe tenga una sola autoría, sin embargo, ahora ese informe tiene tres autores, por lo que se sospecha que ninguno de los tres ha intervenido directamente en la redacción del citado documento.

Los supuestos autores que hoy han declarado como testigos son la delegada especial de la Agencia Tributaria en Extremadura, Clara Isabel Santos Diéguez, el jefe de la Agencia a nivel regional, Emilio Hurtado Valiño y la inspectora regional de Extremadura, María Encarnación Cabezas Martín.

Cuando la juez Beatriz Biedma solicitó el informe, quería saber si David Sánchez tenía su residencia fiscal en España o en Portugal, y saber si «sería compatible con su condición de funcionario público y su obligación de prestar sus servicios profesionales de forma habitual en Badajoz», además de las cinco últimas declaraciones de la renta y que la Agencia Tributaria investigase los incrementos de patrimonio de 1,5 millones de euros y la compatibilidad de este incremento con sus ingresos, incremento que en el informe no se recoge.

Por otra parte, el abogado de la asociación Liberum,  Alexis Aneas, que ejerce la acusación popular, ha expresado que en la declaración de los testigos que ha tenido lugar este miércoles "se ha puesto de manifiesto" que entre los trabajadores de los conservatorios de Badajoz, "no se consideraba como una prioridad el puesto de trabajo que finalmente se designó".

Para este jueves está prevista la declaración, en calidad de investigados, del jefe de la Oficina de Artes Escénicas, David Sánchez Pérez-Castejón, y del presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo.