La Junta de Extremadura hizo caso omiso durante años a las numerosas advertencias que le formuló la Confederaciòn Hidrográfica del Tajo (CHT) para que subsanase deficiencias graves que fueron detectadas en la presa de riego La Maricana de Jarandilla de la Vera, que vertió de forma descontrolada más de 310 millones de litros de agua durante la madrugada del lunes provocando numerosos daños materiales.

Las obras se ejecutaron sin la correspondiente autorización de la CHT durante el mandado de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, por lo que su construcción se encuentra desde entonces en una situación irregular. Además no dispone de normas de explotación y plan de emergencia aprobados, al no haber atendido la Junta de Extremadura los numerosos requerimientos que se le hicieron durante los mandatos, tanto de Ibarra como de Fernández Vara. Asimismo, siendo presidente José Antonio Monago, la Junta tampoco atendió dos requerimientos que se le formularon desde la CHT:

El 4 de abril de 2018, la CHT recibió las normas de explotación de la balsa de La Maricana y el 27 de febrero de 2019 -diez meses después- se requirió a la Junta de Extremadura la subsanación de las deficiencias identificadas sin que se produjera respuesta alguna.

Del mismo modo, el 23 de marzo de 2012, ya durante el mandato de Monago, la CHT requirió a la Junta de Extremadura que presentase el preceptivo plan de emergencia y ante la falta de respuesta se le reiteró el 27 de mayo de 2013 y el 15 de noviembre de 2017, ya con Fernández Vara de nuevo en el gobierno. 

El 4 de abril de 2018 se envió a la CHT el plan de emergencia de la balsa de La Maricana, pero se requirió a la Junta de Extremadura que subsanase las deficiencias identificadas y tampoco se obtuvo respuesta. Cuando los técnicos de Confederación visitaron la presa en septiembre de 2022, hicieron constar en su acta que no se habían atendido los requerimientos formulados al plan de emergencia.

La normativa exige la elaboración de un informe de comportamiento anual y la realización de revisiones generales de la seguridad cada cinco años, pero la CHT asegura que la última revisión de seguridad de la que tiene constancia la CHT data del año 2004.

La Confederación Hidrográfica del Tajo reconoce que el 28 de septiembre de 2022, sus técnicos realizaron una visita de inspección a la balsa de La Maricana, pero que en ningún caso fue una revisión de la seguridad de la infraestructura "porque dicho cometido le corresponde exclusivamente al titular".

UN ARROYO SOTERRADO

Pero si hay algo que llama de manera especial la atención es el soterramiento de un arroyo, cuyo cauce quedó camuflado debajo de la balsa. 

La construcción de la balsa fue promovida por la Junta de Extremadura, que ostenta su titularidad, y permitió que se levantara sobre los terrenos por los que discurría el arroyo de la Maricana, que fue soterrado bajo la charca en el momento de su construcción, desapareciendo en ese tramo. 

La CHT ha explicado hoy que las obras se ejecutaron sin su correspondiente autorización, al ser el organismo competente en la gestión del dominio público hidráulico, por lo que la balsa, a fecha de hoy, sigue estando en una situación irregular.

Durante sus 30 años de existencia, la Junta de Extremadura tenía la obligación de elaborar la propuesta de clasificación, las normas de explotación y los planes de emergencia, así como de realizar las correspondientes revisiones de seguridad y disponer de los medios humanos y materiales necesarios en materia de seguridad.

CLASIFICADA COMO INFRAESTRUCTURA PELIGROSA

La CHT ha reconocido hoy que la balsa fue clasificada en la categoría A, es decir, dentro del apartado de presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto pueden afectar gravemente a núcleos urbanos o a servicios esenciales, o producir daños materiales o medioambientales muy importantes. 

Esta clasificación quedó plasmada en una resolución del 21 de abril de 2008 de la Dirección General del Agua, y se hizo constar el riesgo que corrían la carretera EX-119 y las viviendas existentes aguas abajo.

También se ha sabido este miércoles que en el año 2022, siendo presidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara, el ejecutivo regional no nombró director de explotación, pese a que tenía conocimiento de que se había jubilado el anterior. Por tanto, a fecha de hoy, la infraestructura no dispone de normas de explotación, ni de plan de emergencia aprobados.

Al único mandatario regional al que no se le han trasladado peticiones para la solución de deficiencias en la balsa ha sido a la actual presidenta de la Junta de Extremadura, ya que de la información proporcionada por CHT no se desprende que se hayan realizado requerimientos en los dos últimos años. No obstante, ya no tendría sentido atender cualquier petición en este sentido, pues el Gobierno regional ha anunciado que la balsa quedará anulada y se construirá otra en un lugar distinto.

Según la CHT, de acuerdo con las vigentes normas técnicas de seguridad, el titular de una infraestructura, es decir, la Junta de Extremadura, es el responsable exclusivo de realizar periódicamente las correspondientes revisiones de seguridad sin que durante 20 años se hayan llevado a cabo.