La sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

La Audiencia indica que la Ley 8/2021reconoce y protege la capacidad jurídica de la persona con discapacidad y que hay que favorecer la autonomía de la persona que necesita apoyo.

La sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo nº 2 de Mérida establece que el docente tiene derecho al abono de su compensación por kilometraje desde su centro de trabajo en Mérida.