La Junta de Extremadura pretende modificar la actual Ley de Vivienda, una norma en vigor desde el año 2019. Con los cambios que plantea el Gobierno de Fernández Vara se aplicaría un impuesto a los inmuebles que lleven más de un año vacíos en la región.

En principio, el tributo no será aplicable con carácter general y  hay determinadas situaciones en las que sí sería factible. Parece que la idea de la Junta es que esta medida sea sólo un impuesto a grandes tenedores de inmuebles vacíos, es decir, que tengan más de cinco inmuebles cerrados durante un periodo de tiempo acumulado de más de un año. La Junta asegura que con los fondos recaudados se quieren facilitar el acceso de jóvenes a la compra de viviendas.

Pero además, la Junta de Extremadura pretende incrementar la protección a las personas que ocupan viviendas ya que contempla un mecanismo de protección frente a los desalojos en los casos en los que haya menores en el domicilio.

Estos cambios ya ha sido registrados en la Asamblea regional. Lo han  hecho el portavoz de la Junta, Juan Antonio González, y la consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, Leire Iglesias. "Entendemos que una de las formas de controlar el precio del alquiler es mejorar la oferta y no permitir que haya grandes sociedades que acumulen viviendas desocupadas y que, con eso, procuren que no haya oferta disponible suficiente en nuestra región", ha destacado Iglesias.

Lo cierto es que el impuesto a las viviendas vacías ya estaba contemplado en la ley número 11 del año 2019, pero no se ha venido aplicando porque no se había realizado un desarrollo reglamentario que implicaba un carácter de ley. Desde el Ejecutivo regional indican  que la medida sólo será aplicable a grandes tenedores de viviendas, personas jurídicas, sociedades y fondos de inversión que tengan más de cinco inmuebles vacíos durante un periodo de tiempo acumulado de más de un año.

Leire Iglesias ha dicho que actualmente hay 40 ó 50 sociedades en Extremadura que cumplen estos requisitos. Se trata de una fórmula de actuación que ya se está dando en otras zonas de España como es el caso de Valencia. En esta comunidad es un tributo propio, de naturaleza directa, que grava las viviendas deshabitadas como instrumento para incentivar la oferta de alquiler en el ámbito de aplicación del impuesto y garantizar la función social de la propiedad de una vivienda.

Tiene carácter finalista y los ingresos que deriven de su recaudación estarán afectados a la financiación de las actuaciones protegidas por los planes de vivienda, especialmente en los municipios donde se hayan obtenido estos ingresos.

Sobre los desalojos en los que hay menores, Iglesias ha dicho que "ser lanzado de una vivienda por cuestiones forzosas es un acto muy violento que padece el conjunto de la familia pero que especialmente padece la población más joven, en este caso la infancia".

En estos casos la Junta responderá con cualquier instrumento a su mano, bien sea adquisición de inmueble, subvenciones, adjudicación directa de una vivienda, para evitar que las personas menores tengan que sufrir una situación de esas características.

En cuanto a las facilidades para que los jóvenes puedan comprar una vivienda, Iglesias ha dicho que "queremos convertirnos en avalistas y garantes de la parte de la financiación que no pueden disponer las personas jóvenes y eso se tiene que regular por ley también".